El 4 de enero de 2015, el Frente Popular Revolucionario (FPR) de México denunciaba la desaparición de uno de sus miembros, Gustavo Salgado Delgado, de 32 años, en el Estado de Morelos. Se inició la búsqueda, pero no hubo que esperar mucho, apareció a las pocas horas: decapitado y mutilado. Los signos de tortura eran evidentes, y le faltaban las manos.
Gustavo había salido para asistir a una reunión donde permaneció hasta las seis de la tarde. Allí, varios compañeros le acompañaron hasta el autobús que lo llevaría de regreso a la localidad de Ayala.
Los compañeros, al percatarse que no llegaba a su siguiente cita en el campamento del municipio de Ayala, decidieron emprender su búsqueda y se dirigieron directamente a los cuarteles municipales y estatales. También intentaron poner una denuncia, pero no se lo permitieron en el ministerio público.
Dirigente estatal del FPR en Morelos, y miembro de la comisión ejecutiva de su comité central, la actividad política de Gustavo en defensa de la tierra ha sido constante, con el fin de que pudieran vivir allí los trabajadores migrantes de la Montaña de Guerrero y Oaxaca. Por ello, los caciques locales y el Estado han mantenido constante vigilancia y hostigamiento hacia él, como lo demuestra su ilegal detención el día 20 de marzo de 2014, en Cuernavaca, Morelos, mientras participaba en una marcha convocada por el Frente Ciudadano contra la Ley de Ingresos. También había desplegado una gran actividad denunciando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Gobierno de Morelos acaba de informar de que han detenido a cuatro presuntos involucrados en el homicidio. En el comunicado emitido por la Fiscalía, aseguran que el posible móvil del homicidio pudo tratarse de un conflicto entre particulares por la posesión de unos terrenos situados en la reserva ecológica conocida como El Chivatero, de la localidad en Moyotepec, municipio de Ayala.
Dicen que los presuntos responsables y la víctima se conocían, ya que habían sido integrantes del FPR y, tras disputas, se separaron, conformando los primeros el grupo social denominado Victorinos o Cemilla.
Para el FPR, lo que ha pasado con Gustavo “se inscribe en la situación actual donde el régimen de Enrique Peña Nieto avanza a pasos agigantados para imponer sus reformas a sangre y fuego, deteniendo, asesinando y desapareciendo a todo aquel que se organice y luche por un mejor futuro”.
Excelente artículo: no es casualidad que acusen a ex integrantes del mismo grupo político de ser los presuntos asesinos. Siempre desde la lógica discursiva del Estado terrorista, los que se matan entre sí son las mismas víctimas. Pero a Gustavo lo torturaron como torturaban los militares entrenados por Francia y EE.UU durante la implementación del Plan Cóndor (así como las bandas policiales de la triple AAA en Argentina previas al Golpe de Estado de 1976). Ni a Gustavo lo desaparecieron y asesinaron sus viejos camaradas ni a los normalistas los desapareció una banda de narcos: fueron víctimas del Terrorismo de Estado y del Plan Mérida.