Durante tres generaciones, 26 familias campesinas mayas poqomchí y q’eqchí de la comunidad de Santo Domingo Río Blanco, Purulhá, Baja Verapaz, fueron mozos colonos; hoy ya son propietarios de una finca de dos caballerías y siete manzanas, lo que nos inyecta optimismo y demuestra que hay salidas para los problemas, siempre y cuando se dialogue y se cumpla con lo pactado, aunque en este caso la negociación duró dos décadas.
La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), una organización que acompaña a los campesinos y negocia para obtener resultados, dijo que la lucha para que estos derechos laborales fueran reconocidos tardó ¡20 años! Los campesinos tenían como única forma de retribución semifeudal la asignación de cinco cuerdas de terreno para cultivar sus alimentos y tener dónde vivir.
Los dueños de la finca Moxanté finalmente accedieron y desmembraron de la finca matriz la extensión que hoy pertenece a sus nuevos propietarios. La población rural es básicamente campesina, vive en lugares que no le pertenecen, algunos tienen un pedazo de tierra que es insuficiente. La tierra tiene una dimensión económica, pero también una cultural.
Este gobierno, en octubre del año pasado dio a conocer públicamente la reformulación de la Política Agraria, que pasó desapercibida. Busca democratizar el acceso a la tierra para beneficio de comunidades o grupos de familias organizadas sin tierra, en situación de pobreza, priorizando a las mujeres como un actor fundamental para el desarrollo humano integral y todo bajo el marco “de un escrupuloso respeto a lo establecido en la Constitución Política de la República que protege la propiedad privada y prohíbe su confiscación”.
No se trata de repartir tierra a diestra y siniestra, sino de conformar comunidades agrarias sostenibles. Esa política contiene el acceso a la tierra a través de fondos de garantía crediticia para la compra y arrendamiento, a activos extraordinarios de bancos, al tratamiento de la deuda agraria, aspecto en el que también se avanzó significativamente.
Aborda el ordenamiento territorial para que haya tierra para crear riqueza, pero también para producir alimentos. En su proceso de formulación se contó con el aporte de los sectores vinculados con la temática agraria y se basó en la adecuación a la realidad nacional de “Las Directrices Voluntarias de Gobernanza de la Tierra” promovidas por la FAO.
Esta política es un instrumento que orienta a la institucionalidad pública agraria con una perspectiva de integralidad para la atención de dicha problemática. El derecho a una vida digna pasa porque la gente tenga oportunidades y condiciones que le permitan desarrollarse. Recordemos que el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria dice: “La tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad”.
