A lo largo de los años, los políticos mexicanos de todo tipo, jerarquía y partido, encontraron en la palabra “donaciones” una forma burda pero socorrida de ocultar el origen de “bienes” que se encuentran en su poder, debido a que las leyes no sólo no obligan a que quienes se encuentran en el poder público o político a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales para transparentar su carrera, sino que, por el contrario, hay tal laxitud, que casi casi los alienta a generar este tipo de acciones.
El intento más cercano para transparentar la información de los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue en 2002, pero antes de que pasara al pleno, el dictamen se trucó para especificar que la información sólo sería pública si el funcionario que la presentaba así lo deseaba. De esta forma, los únicos que la tienen, y no se sabe si completa, son las áreas de Gobierno, desde donde se manipula tal información cuando alguien se sale del redil.
El experto Ernesto Villanueva afirma que “la corrupción pública dificulta el funcionamiento del sistema democrático, pues no sólo importa una desviación del poder respecto del interés común para el cual éste es otorgado, sino también implica la reducción de los niveles de legitimidad, arriesgando con ello la gobernabilidad y viabilidad democrática de los países”.
Los estados democráticos de derecho, afirma Ernst Wolfgang Böckenförd en Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia, “están comprometidos a asegurar la legitimidad de las instituciones públicas, para proteger el orden moral y la justicia de la sociedad”. Este es el tema principal de cualquier argumentación sobre la transparencia sobre las fortunas de los políticos, la justicia social: el hecho de que el poder político no sea utilizado para amasar grandes fortunas amparadas en tal poder. Y también porque las donaciones finalmente pueden caer en la figura de lavado de dinero, más allá del conflicto de interés y corrupción.
Un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2011, destaca que para evitar y resolver conflictos de interés, es necesario contar con información que permita identificar relaciones que puedan influir en el desempeño de los funcionarios durante su encargo. Es decir, que las declaraciones patrimoniales además de servir como una herramienta de fiscalización de ingresos, lo es también para conocer si hay conflictos de interés entre funcionarios públicos y actores privados a los que les toca regular.
Hace algunos años por motivo de mi trabajo reporteril me tocó entrevistar a un empresario sobre una deuda que tenía con la Secretaría de Hacienda. Las respuestas a la entrevista se desarrollaron por el lado institucional, pero una vez terminada y la grabadora apagada me confió “off the record” que no tendría problema porque él había cooperado con la campaña de quien estaba en ese momento en la presidencia de la República, lo mismo que con los otros dos candidatos fuertes, precisamente para ahorrarse problemas.
Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? Simple y sencillamente a que los diputados mexicanos han sido los más interesados en mantener la opacidad en cuanto a los bienes de todo el sistema político mexicano, simple y sencillamente porque es en las votaciones donde se genera la gran corrupción, donde se llevan la gran tajada, y no en su dieta legislativa (así se le llama a sus percepciones económicas por su “trabajo” cameral).
Por esto mismo, vemos cómo los diputados atienden más a los intereses de las grandes empresas, en contra de los de la sociedad a la que se supone deben servir. El caso más reciente se dio apenas el miércoles 29 de abril, cuando en las últimas horas que cada fin de periodo ordinario realizan, los legisladores en la Cámara de Diputados desempolvaron una iniciativa de hace seis años y aprobaron que los vehículos con antigüedad mayor a tres años deben hacer una segunda verificación, ahora de carácter federal, y la revisión de condiciones mecánicas, si quieren circular por las carreteras federales.
El negocio es para las armadoras de vehículos, como hace dos años lo hicieron para las aseguradoras, con el seguro necesario para circular también en las vías federales. Además, los diputados definieron que las propias armadoras o concesionarias podrán hacer el trámite en sus instalaciones y quien no cumpla la verificación será detenido por la Policía Federal, que «podrá retirar de la circulación los vehículos».
De acuerdo con la iniciativa aprobada, los propietarios que no efectúen estas dos verificaciones deberán pagar multas entre 40 y 500 días de salario mínimo; los ingresos derivados de esas sanciones se destinarán a la Secretaría de Gobernación para programas de seguridad pública y prevención del delito. El pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por 7.500 millones de pesos (algo más de 43 millones de euros).
Es decir, en un país donde los salarios y el poder adquisitivo van en picado, se aprueba una ley porque, como dijo el diputado Salvador Romero Valencia, “sabemos perfectamente que fortalecemos uno de los sectores más importantes de la economía nacional, como es el sector automotriz, generador extraordinario de empleos, prosperidad y desarrollo para el país».
¿Qué les parece?
