Amnistía Internacional señala en un comunicado suscrito con diversas ONG, entre ellas CEAR y Red Acoge, que dos años después de la tragedia del Tarajal, catorce muertes y una desaparición siguen impunes, el Ministerio del Interior no ha asumido ninguna responsabilidad ante los hechos y las familias de las víctimas piden verdad, justicia y reparación, así como la identificación de todos los cadáveres.
El 6 de febrero de 2016 se cumple el segundo aniversario de la tragedia de la playa del Tarajal, en Ceuta, cuando un grupo de inmigrantes intentó alcanzar territorio español a nado y fue repelido violentamente por miembros de la Guardia Civil. El balance fueron 14 muertes y una desaparición. Un grupo de 14 organizaciones sociales expresan su preocupación por la falta de rendición de cuentas y la impunidad con la que se pretende cerrar este trágico incidente.
Las autoridades responsables deben adoptar medidas urgentes para garantizar la verdad, justicia y reparación a los familiares de las víctimas y evitar que estos hechos tan graves se vuelvan a repetir y queden impunes ante la justicia, sostiene Amnistía Internacional.
Dos años después, no se ha producido una investigación exhaustiva y efectiva sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza y de material antidisturbios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La única investigación desarrollada hasta la fecha ha dependido del impulso de varias organizaciones sociales, que presentaron una denuncia para que se esclarecieran los hechos.
El pasado mes de octubre, el juzgado de instrucción nº6 de Ceuta dictó un auto que ordenaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por el delito de homicidio y lesiones imprudentes, considerando que las “devoluciones en caliente” a Marruecos eran una práctica habitual y por lo tanto no se podía sancionar a los agentes de la Guardia Civil. Prueba de ello había sido la modificación de la Ley de Extranjería. Actualmente, está recurrido ante la Audiencia Provincial, y pendiente de resolución judicial.
Para Amnistía es importante que la juez de instrucción no recabó información esencial sobre el caso, incluidas las identidades de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, cuando varias organizaciones no gubernamentales emprendieron la causa judicial sobre su inacción. Tampoco se ha tenido en cuenta el informe pericial presentado por las ONG que afirmaba que las autopsias efectuadas a los cinco cadáveres recuperados en España presentaban defectos tales como la ausencia de pruebas toxicológicas.
Por otro lado, varios organismos internacionales, entre otros el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han recomendado a España que revise la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (entró en vigor en julio pasado) que pretende dar “cobertura legal” a las devoluciones sumarias prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. En cualquier caso, los hechos denunciados sucedieron con anterioridad a la reforma de la Ley.
Hasta la fecha, el Ministerio del Interior se ha negado a asumir ningún tipo de responsabilidad ante los hechos. Este episodio se une a otros incidentes denunciados por diversas organizaciones no gubernamentales ocurridos en la frontera entre las ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos, en las que no sólo se han producido expulsiones sumarias e ilegales, violando por lo tanto estándares de normativa internacional de los derechos humanos y de la Unión Europea, sino también uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la Guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes.
Además, las autoridades españolas tampoco han atendido las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía a día de hoy siguen esperando poder identificarlas. Las familias no solo reclaman verdad, justicia, y reparación, sino que además exigen que todos los cadáveres sean identificados.
La tragedia de la playa del Tarajal es un ejemplo más de las consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur española. El pasado 21 de noviembre de 2015 las autoridades españolas practicaron cerca de un centenar de devoluciones sumarias en la valla de Melilla, lo que viola el derecho a tutela judicial efectiva y a solicitar asilo.
La falta real de posibilidades de acceder de manera segura a la frontera española para poder solicitar protección internacional para personas de origen subsahariano obliga a intentar saltos muy peligrosos, donde además de enfrentarse al uso excesivo de la fuerza, se arriesgan a caídas desde gran altura; este fue el caso de un joven subsahariano que tras caerse de la valla el pasado 21 de noviembre sufrió lesiones muy graves y que le han dejado graves secuelas.
Información adicional
El 6 de febrero de 2014, alrededor de 200 personas inmigrantes intentaron entrar en Ceuta. Aproximadamente 90 alcanzaron la zona fronteriza de la playa del Tarajal, e intentaron cruzar a nado. Al menos 14 murieron ahogadas, una desapareció, y 23 fueron devueltas a las autoridades marroquíes desde la misma playa y sin acceso a ningún procedimiento formal.
Mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras, y botes de humo. Las autoridades españolas reconocieron haber usado el “material antidisturbio” para impedir que estas personas entrasen en España.
Las organizaciones que suscriben esta comunicación son:
Amnistía Internacional, Associació Catalana per la defensa dels Drets Humans, Asociación Apoyo, Asociación Arrimense, Asociación Sin Papeles, Comissió de defensa del Illustre Colegi de l`advocacia de Barcelona, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Coordinara de Barrios, IRIDIA, Pueblos Unidos, Red Acoge, Red Inter Lavapiés, Red Solidaria, San Carlos Borromeo.
