En Guatemala la ciudadanía ha sido la víctima constante de atropellos, abusos, agresiones, violencia, represión, injusticia y cuánta cosa mala puede sucederle a un pueblo. Si hay un menú de desgracias podemos asegurar que nos han caído casi todas, desde los fenómenos naturales convertidos en catástrofes sociales, hasta la burla consciente y repugnante de políticos marrulleros, de numerosos militares represivos y corruptos y de muchos empresarios insensibles.
Venimos demandando de diversas formas un cambio en la situación estructural del país sin que los que tienen la posibilidad de flexibilizar sus posturas para que este ocurra estén dispuestos a ceder en algo. Hemos tenido toda clase de gobiernos cuya secuela ha sido el despojo de los bienes del Estado y el aprovechamiento en su beneficio y el de sus allegados de todos los privilegios que el poder otorga.
A algunos pueblos, como los Mayas, les ha ido peor. Pero la pobreza y la miseria y la inseguridad están democratizadas. Aquí se ha discriminado y excluido a mansalva por razón de etnia, clase social o género. Así han operado las relaciones de poder. Las diferencias se han convertido en desigualdades. A los trabajadores se les han negado sus derechos y se ha perseguido y asesinado a la dirigencia sindical.
Los de siempre han tenido que sobrevivir de milagro, con carencias, sin servicios básicos, sin accesos ni oportunidades, cargando a cuestas su pobreza junto con la leña para cocinar sus escasos alimentos. Y hasta eso se les señala, que son depredadores de los bosques, pero se cierran los ojos cuando pasan los camiones atestados de maderas preciosas que engalanan las mansiones de unos pocos.
Todo lo hemos vivido. Todos los esfuerzos para que cambie la situación han sido infructuosos. La ilusión que provocaron las investigaciones del año pasado que llevaron tras las rejas a muchos corruptos, no han generado transformaciones en esas condiciones referidas. Nos dieron la satisfacción de que, por fin, gracias a la Cicig y al cambio en el Ministerio Público, algunos corruptos de alto nivel fueron enjuiciados. Pero, ojo, aún faltan, corruptos y corruptores.
Y en medio de tanto drama ahora se presenta la disputa entre los más altos representantes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Nos quieren convencer de que aceptemos las reformas a la Ley Electoral que aprobó el Congreso, las cuales no cambiaron lo sustancial del sistema pervertido. Esa es la razón por la cual muchos las rechazan y repudian el accionar de la mayoría de diputados que desoyeron las demandas de la ciudadanía.
Ha llegado a tal grado de menosprecio a las instituciones que el presidente del Congreso, con su particular estilo se dirigió al presidente de la República de una manera irrespetuosa y abusiva. Y la defensa no es a Jimmy Morales, quien también merece respeto, sino a la Institución de la Presidencia. Lamentablemente, la respuesta del Mandatario, en mi criterio, no fue la que correspondería a su cargo. Se dejó provocar, con lo cual ambas instituciones que ellos representan quedaron degradadas.
Jimmy Morales ha reaccionado muy tarde. Sus equipos y asesores no están haciendo su trabajo. Se percibe que no hay análisis ni construcción de escenarios; no tienen estrategia política, lo que puede poner en riesgo su caudal político, ese que le llevó a la Presidencia sin tener trayectoria, credenciales ni experiencia.
Tiene razón el Mandatario en muchos de los argumentos que critican las reformas, pero debió actuar oportunamente. Tiene una gran disyuntiva: si sanciona la ley, por gusto hizo los señalamientos y amagos. Si la veta, se va a jugar otra derrota en el Legislativo, con la diferencia de que esa pérdida puede ser al mismo tiempo ganancia, pues mucha gente comparte su visión.
