Amnistía Internacional (AI) demanda a la justicia marroquí un proceso justo para las ocho personas de Sidi Ifni que, con edades entre 23 y 44 años, pedían la nacionalidad española y fueron condenados a distintas penas de cárcel el lunes 15 de agosto de 2016.
Como se recordará, el Tribunal de Primera Instancia condenó con penas de cárcel, que varían de un año a cuatro meses, a las ocho personas que el pasado 25 de julio asaltaron la Pagaduría, antiguo consulado español en Sidi Ifni, desplegando banderas españolas para reclamar su derecho a la nacionalidad.
Amnistía Internacional considera que deben tener la oportunidad de impugnar las pruebas presentadas contra ellos, que serán presentadas en apelación. Además entiende que pueden haber sido condenados injustamente «por haber expresado pacíficamente sus puntos de vista, incluyendo críticas contra las autoridades de Marruecos». Por este motivo solicitan la libertad de los ocho porque su responsabilidad penal por actos de violencia «no ha sido suficientemente establecida».
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en su sección local también ha criticado todo el proceso y la condena producida.
También sigue la solidaridad internacional en París. En la pasada fiesta del diario L’Humanité celebrada del 8 al 11 de septiembre, en el espacio ‘Village du Monde’, en el stand referido al extraparlamentario Partido Socialista Unificado (PSU) de Marruecos se expuso la situación de estos jóvenes de Sidi Ifni. Por la fiesta del conocido diario francés pasaron más de 600.000 personas durante los tres días. En París ya hubo dos concentraciones de solidaridad.
En España, la única iniciativa en favor de los ocho condenados la presentó la europarlamentaria de Izquierda Unida y exdirigente de Comisiones Obreras Paloma López Bermejo, quien interpeló el pasado 31 de agosto a la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, sobre los ocho detenidos de Sidi Ifni. preguntando si conocía la situación y si considera que se está vulnerando los derechos fundamentales de este grupo de activistas.
Mientras, Asuntos Exteriores y el ministro en funciones de España, José Manuel García Margallo, siguen guardando silencio.
