El Tribunal de Primera Instancia de Tiznit condenó el lunes 15 de agosto de 2016 con penas de cárcel a los ocho jóvenes que el pasado 25 de julio asaltaron la Pagaduría, antiguo consulado español, desplegando banderas españolas para reclamar su derecho a la nacionalidad, en la localidad marroquí de Sidi Ifni.
Las penas varían desde un año al líder del grupo, Mohamed Amazuz, otros seis fueron condenados a ocho meses y tan solo uno, Yousef Hanad fue condenado a cuatro meses en prisión. Los otros condenados son Rachid Ben Madin, Idriss Aamara, Mbarek Firik, Ayoub Mdimigh, Ali id Lahoucin y Mohamed Drbal, todos ellos hijos de militares que sirvieron con el ejército español.
Nada más pronunciarse la primera sentencia, contra Amazuz, los familiares presentes en la sala empezaron a protestar debido a la fuerte condena, por lo que el juez ordenó desalojar la sala.
En el juicio celebrado en Tiznit el jueves 11 de agosto de 2016, los ocho detenidos defendieron su acción pública. A pesar de la nueva petición de los abogados de libertad provisional les fue denegada. Los jóvenes afirmaron haber sufrido torturas.
Los ocho fueron acusados de los delitos de desobediencia, insulto a agentes en el ejercicio de su misión, violencia contra las fuerzas del orden, irrupción en edificio ajeno y deterioro de edificios públicos.
Las autoridades consulares españolas de Agadir no presentaron finalmente denuncia contra los jóvenes por irrupción y deterioro de edificios públicos al subir al tejado de un inmueble que, habría que recordar, lo presidía un escudo preconstitucional de España.
No obstante, las críticas a la cónsul española en Agadir, Leyer Lozano Mendía –a quien algunos medios marroquíes llegaron a dar por destituida por su actuación en el caso- y al silencio del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, no han faltado y más cuando se ultrajó la bandera española por parte de las fuerzas del orden marroquíes.
El martes 9 de agosto hubo una nueva concentración de protesta y solidaridad en París –la primera fue el 3 de agosto- denunciando lo ocurrido, recordando la grave situación económica y social en la región que produce «exclusión, marginación y empobrecimiento». En el transcurso de ese acto se exhibió una bandera española y se leyó un comunicado de solidaridad con los detenidos y sus familias, exigiendo su libertad incondicional y reclamando el «desarrollo real» de la zona de Sidi Ifni.
La asociación marroquí de Derechos Humanos y su sección local ya había condenado previamente todo el proceso y las posibles condenas producidas que serán recurridas al Tribunal de Apelación de Agadir.
La población de Ifni -colonia española entre 1934 y 1969- se queja de la “marginación sistemática” y ya vivió graves incidentes de orden público en 2008 y 2012. Los habitantes se quejan de que se desarrollan ciudades cercanas como Tiznit o Guelmim pero no Ifni.
De hecho, Marruecos suspendió las actividades de la cadena catarí de televisión Al Yazira en 2008 por su información sobre Sidi Ifni. La orden del gobierno supuso el cierre de su oficina en Rabat, en la que trabajaban cinco periodistas (cuatro marroquíes y un mauritano), y el cese de todas las actividades en el país.
