Ileana Alamilla1
Entender la dinámica social de Guatemala es difícil, pero intentar acercarse a comprender la lógica del poder y de quienes toman las decisiones es prácticamente una misión imposible. Quisiéramos saber por qué el presidente toma disposiciones que van a perjudicar a la población, al país, y que van a repercutir negativamente en la imagen de su gobierno.
Criticamos mucho al expresidente Colom por sus indecisiones, porque en innumerables ocasiones las acciones gubernamentales fueron rectificadas, porque eran obvias sus frecuentes vacilaciones. El partido hoy en el Gobierno aprovechó estos desaciertos, ofreció “mano dura” a cambio de la “mano aguada”, criticó, vociferó y aseguró que con ellos en el poder, otra cosa sería.
Ahora resulta que el puño cerrado poco a poco se está abriendo y descendiendo de antebrazo a medio cuerpo. Que el presidente una vez dice una cosa y luego la rectifica, que da manotazos por aquí y por allá y no pasa nada, que en su administración estamos viendo lo mismo que en la anterior, que en la que precedió a esta y así, retrospectivamente.
Cada día la confianza se deteriora, la percepción de corrupción se incrementa en el imaginario de los ciudadanos y los mensajes que recibimos recompensan a quienes actúan perversamente o por lo menos con incorrección. Un caso lo tenemos en la reciente aprobación de la Ley de Regularización Tributaria, decreto que inauguró con seis meses de retraso, pero con bombos, platillos y cohetillos, las actividades legislativas.
Según varias instituciones, entre ellas el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la amnistía fiscal que contiene tal norma beneficia a los morosos, a esos que operan con ventaja injusta sobre quienes pagan sus impuestos correcta y puntualmente. Esas entidades alertan que el estreno de este año legislativo atenta contra el principio de justicia tributaria y contra la moral de los contribuyentes honestos.
Resulta dramático que la innegable necesidad que tiene el Estado de obtener recursos fiscales lo lleve a abdicar frente a aquellos que se resisten al pago de impuestos, premiándolos por su incumplimiento. Una mancha más para el tigre, ya teñida de tantas concesiones frente a los empresarios. Habrá que ver quiénes son los directamente beneficiados de esa injusta decisión.
Y encima, los comerciantes en el Congreso, llamados eufemísticamente diputados, le pusieron la tapa al pomo cambiando la propuesta que, según el ministro de Finanzas, establecía que el Impuesto sobre Circulación de Vehículos se debía reducir un 50% de manera temporal y la establecieron como “permanente”. Actuaron de manera irreflexiva y demagógica, sin consideraciones técnicas, estableciendo, con una enmienda de curul, cambios a la ya de por sí cuestionable propuesta del Ejecutivo.
Según el Icefi, con la reducción de ese impuesto a partir de 2014 se cercena la capacidad financiera del Estado para solucionar problemas de fondo.
Es cierto que el equipo de gobierno está dando batazos al aire, pero la mayoría de diputados, incluyendo a la bancada oficial, está, nuevamente, impresentable. ¡Qué vergüenza!
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
