Facua, Consumidores en Acción ha remitido una denuncia contra Apple a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por ralentizar sus iPhone de forma deliberada y sin previo aviso con el fin de acelerar su reemplazo.
La asociación considera que estas prácticas fraudulentas de obsolescencia programada vulneran la legislación comunitaria en materia de competencia, por lo que espera que el organismo de la Comisión analice la cuestión y abra expediente sancionador a la multinacional estadounidense, además de instarla a dar soluciones a los usuarios afectados.
En su denuncia ante Competencia, Facua argumenta que «la opción comercial de Apple de reducir de forma consciente y deliberada el rendimiento de los procesadores más antiguos de sus terminales implica, además de un comportamiento anticompetitivo y próximo a la obsolescencia programada, un incumplimiento de la Directiva 2011/83/UE en lo que a las obligaciones de información previa a la formalización del contrato se refiere».
En su artículo 5, la citada directiva plantea que las empresas deben facilitar con carácter previo información «de forma clara y comprensible al consumidor» en relación, entre otras cuestiones, a «la funcionalidad de los contenidos digitales» y a «toda interoperatividad pertinente del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el comerciante o que quepa esperar razonablemente que éste pueda conocer».
Y es que «Apple no informó en ningún momento a sus clientes que procedería a reducir la velocidad de los procesadores de los terminales más antiguos, por lo que el consumidor no podía conocer en el momento de la formalización del contrato que el funcionamiento del equipo adquirido vería condicionado su buen funcionamiento a una modificación futura deliberada y unilateral por parte del fabricante», continúa la denuncia de Facua ante la Dirección General de Competencia.
Denuncia ante la Fiscalía
Se trata de la segunda actuación ante el conocido como batterygate llevada a cabo por Facua, que anunció este miércoles una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si los hechos son constitutivos de conductas delictivas. Así, la asociación advierte que Apple podría haber incurrido, entre otros, en uno de los delitos contra los consumidores tipificados en los artículos 278 a 286 del Código Penal y en el nuevo delito de sabotaje informático, incorporado tras su reforma de 2015 a través de los artículos 264 y 265.
La Fiscalía francesa ha abierto ya una investigación tras la denuncia de la asociación de usuarios del país galo Halte à l’Obsolescence Programmée (Alto a la obsolescencia programada, HOP). En EEUU, Apple se enfrenta a alrededor de una decena de demandas colectivas.
Al estallar el conocido como batterygate, Apple se ha limitado a pedir disculpas y a ofertar a los afectados la compra de una batería nueva con un descuento, medida claramente insuficiente, advierte Facua. La empresa ha reconocido que un algoritmo reduce la potencia de los terminales según se degrada la batería y que en la versión 10.2.1. de iOS introdujo un sistema por el que el procesador quedaría limitado por el estado de la batería: la potencia queda supeditada al voltaje que sea capaz de ofrecer esta pieza.
Facua critica que ninguna de las diecisiete autoridades autonómicas de protección al consumidor haya anunciado actuación alguna ante las graves irregularidades cometidas por Apple, como tampoco lo ha hecho la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministiero de Sanidad.
La absoluta pasividad de las administraciones de consumo es habitual ante los fraudes masivos, denuncia la asociación, que recuerda que las comunidades autónomas tienen competencias para imponer multas proporcionales ante las dimensiones de las irregularidades cometidas.
En cuanto al Ministerio, que ni siquiera ha instado a Apple a compensar económicamente a los afectados, puede emprender actuaciones judiciales ante un caso de fraude, algo que no ha hecho ni ante éste ni ante otros casos de envergadura, señala Facua.
