La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denuncia en un comunicado el recurso a demandas judiciales para amedrentar a periodistas independientes de Ancash e imponer una política oscurantista en asuntos de interés público.
Las últimas querellas de las que han sido objeto los periodistas chimbotanos Miguel Alcántara Flores, César Quino Escudero, Santos Paredes García y Noé García Vásquez, a quienes el presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, exige una reparación civil de un millón de nuevos soles, son muestra clara de la voluntad de la autoridad de silenciar cualquier tipo de voz crítica y generar un ambiente de miedo y temor entre quienes tienen la responsabilidad de informar.
Para la ANP las querellas -y más cuando las mismas exigen cifras de reparación civil desorbitantes, como es el caso- son utilizadas, más que para resarcir el honor, para intimidar a quienes hacen denuncia pública.
Esta no es la primera vez que la autoridad regional de Ancash pretende coartar la libertad de expresión con ese tipo de maniobras, cuando no de otras modalidades. Son reiterados los agravios verbales, la descalificación profesional a la labor de los comunicadores sociales y las amenazas contra quienes son críticos a su gestión en los últimos años.
La ANP respalda la movilización de los periodistas ancashinos, quienes en acto público en Chimbote, se han comprometido a vigilar y fiscalizar a quienes han sido elegidos para ejercer en forma transparente la función que les ha encargado mandato ciudadano.
Para la ANP, lo protagonizado por el presidente regional de Ancash ratifica la necesidad de despenalizar los denominados delitos de prensa, cuya sola existencia los convierte en instrumentos de intimidación, ya que la amenaza de sufrir carcelería efectiva establecida en el Código Penal, es desmedida e inhibitoria, y por tanto contraria a la libertad de expresión. Más cuando se informa de asuntos expuestos al escrutinio ciudadano.
La ANP pide a todos los periodistas del país «mantenerse unidos y vigilantes contra toda acción que pretenda socavar el libre ejercicio de la libertad de expresión» e informa de que Ancash, según el registro de atentados a la libertad de expresión de los primeros ocho meses del año de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP, es la segunda región de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en el país.
