El contexto en el que estas elecciones presidenciales en su segunda vuelta se llevaron a cabo fue trágico. Lo ocurrido en el Cambray II, con su caudal de sufrimiento, constituyó un golpe al corazón de la sociedad, a lo cual debemos sumar el repudio al sistema político, la crítica a los partidos y a los diputados, la frustración de los movilizados sobre los pobres resultados de sus expectativas, la escasa perspectiva de mejorar nuestro futuro, pues las campañas de los candidatos finalistas, Sandra Torres y Jimmy Morales, poco entusiasmo provocaron para la generalidad de las personas.
Esta columna está escrita cuando aún no hemos conocido el resultado de las urnas, pero al final de la semana ya casi todos daban por seguro al ganador, salvo que todas las encuestas y predicciones fallaran, o que le suceda lo que a Manuel Baldizón, quien se consideró presidente por un buen tiempo hasta que los electores lo sacaron de su alucinación. Las ofertas electorales nos quedaron a deber, se mantuvieron en “lugares comunes”, evidenciaron el crucial desconocimiento de la realidad que ambos tienen, así como del funcionamiento del Estado.
En los debates expresaron lo que el público asistente quería escuchar, ya fueran empresarios a quienes se les juró que no habrá reforma tributaria y que continuarán todos los privilegios, a las iglesias evangélicas a las que se les ofreció la creación de una oficina de enlace, a los necesitados les prometieron programas sociales, generación de empleo, así como salud, educación, vivienda y todo lo indispensable para una vida digna.
Ninguno de los dos explicó el tamaño del presupuesto requerido para cumplir tantas promesas ilusorias y mucho menos de dónde sacarían los recursos para honrar sus compromisos, ya que con su proselitismo lo que buscaron fue cautivar y engatusar.
Tampoco abordaron un tema fundamental: la libertad de expresión y el derecho a la información, salvo breves referencias cuando se trató de quedar bien con la promesa de la transparencia; pero el respeto al trabajo de los y las periodistas, la subordinación a la Constitución en relación con la emisión del pensamiento y la garantía de que no seremos, una vez más, víctimas de la intolerancia, no fue incluido en la prédica que recitaron, a pesar de que en todos sus mítines, reuniones y presentaciones estaban los periodistas.
El señor Morales, según algunos reporteros, se comportó de manera tosca con algunos periodistas y su equipo tuvo también altercados usuales en las coberturas, lo que nos provoca suspicacia sobre su compromiso de respetar el trabajo de la Prensa. Durante el gobierno de la UNE, donde adquirió su experiencia Sandra Torres, ocho periodistas fueron asesinados.
El ejercicio del derecho a la palabra no ha sido fácil y la labor periodística siempre ha chocado con los intereses de los políticos. Hemos tenido que librar duras batallas en defensa de nuestros derechos e intereses gremiales y en el próximo gobierno no daremos tregua, ya que la Prensa juega un papel determinante en los contextos sociales y puede contribuir, no solo a la transparencia, al conocimiento de la realidad, a la participación ciudadana, sino a la gobernabilidad democrática.
La libertad de emisión de pensamiento tiene que estar garantizada y la libertad de prensa debe ser blindada para todos los profesionales de la información.
El Estado es el responsable de la seguridad de todas y todos, es a quien exigimos y lo seguiremos haciendo, que cumpla con su obligación de respetar estas garantías universales.
