Alfonso Martín del Campo fue sentenciado injustamente, hace más de dos décadas, a cumplir una condena de cincuenta años de prisión por el supuesto asesinato de su hermana y su cuñado. Cuando fue detenido por la policía no presentaba sangre en la ropa o en ningún otro lado. Tras los análisis periciales de rigor, se determinó que los cabellos y demás tejidos humanos recuperados bajo las uñas de las víctimas no correspondían al presunto agresor.
Martín del Campo fue condenado de todas formas, sin un móvil creíble o evidencia de ningún tipo. La única prueba que se esgrimió fue una confesión arrancada bajo tortura, después de sufrir repetidos golpes e inducción de asfixia con una bolsa de plástico en los sótanos de la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal.
Agotados sus recursos en el ámbito jurídico interno, Alfonso elevó una petición al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. La CIDH determinó que se había incurrido en detención arbitraria, tortura y graves violaciones al debido proceso. En el mismo sentido se expresó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reiteró lo dicho por la Interamericana en cuanto a la práctica de la tortura, la detención arbitraria y las violaciones al debido proceso, y procedió a presentar la recomendación 13/2002 al Gobierno del Distrito Federal.
Tanto el Senado de la República como la Asamblea Legislativa del DF han emitido puntos de acuerdo para que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Este caso fue abordado en el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal (2009) como paradigmático de tortura.
A pesar de que el caso Martín del Campo fue el primero de México en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca se discutió. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2009 se incluyó en el Informe Anual de la CIDH a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), porque “el hecho de que la Corte Interamericana haya dado por concluido el asunto en virtud de la excepción preliminar hecha valer por el Estado mexicano (ratione temporis), no significa que haya cesado la responsabilidad internacional de éste, obligado al cumplimiento de lo establecido en la Convención Americana”.
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ejercido su facultad de atracción para conocer a favor del caso Alfonso Martín del Campoy pronto se pronunciará en este sentido.
El pasado mes de julio, Alfonso volvió a gritar su inocencia: se me torturó para que confesara la comisión de dichos homicidios. En su momento, se me aplicó el Protocolo de Estambul por profesionales independientes e imparciales para determinar que he sido víctima de tortura en su faceta de violación de derechos humanos. No existe más evidencia en mi contra. Las pruebas periciales no consiguieron ubicarme en la escena del crimen.
El caso
Martín del Campo fue acusado del asesinato de su hermana y de su cuñado, quienes murieron apuñalados nada menos que 66 veces. Cuando fue a declarar en su calidad de víctima de los homicidios, y tras ser secuestrado ese mismo día, fue detenido arbitrariamente por la policía judicial, cambiada inmediatamente su calidad de víctima por la de principal sospechoso y llevado a los sótanos de la policía, donde fue torturado hasta que confesó su culpabilidad.
Alfonso no presentaba sangre en la ropa o en ningún otro lado. Tras los análisis periciales de rigor, se determinó que los cabellos y demás tejidos humanos recuperados bajo las uñas de las víctimas no correspondían al presunto inculpado; es decir, que eran de personas desconocidas hasta hoy. Curiosamente, fueron encontrados trozos de medias que los secuestradores usaron como mascaras, pero todasa las ropas que aparecieron fueron incineradas por el ministerio público. Tambén se hallaron unos cuchillos, que carecían de sangre y huellas. En definitiva, que no había evidencia científica que relacionara a Alfonso con el crimen.
¿Quienes fueron los verdaderos autores? Nadie parece tener idea. Alfonso, su familia y quienes defienden su inocencia, también quisieran saberlo. No se explican que no se haya investigado ninguna otra pista.
Su torturador, Sotero Galván Gutiérrez, aceptó haberlo desnudado, golpeado y asfixiado con una bolsa de plástico. Sin embargo, nunca fue sancionado penalmente por esto. Ninguno de los gobiernos del PRI, PAN y PRD, según corresponda a nivel federal y local, han hecho justicia.
El periodista Kevin Sullivan, del Washington Post, usó este expediente para ejemplificar las fallas estructurales del sistema de justicia en México. Por ello, ganó el Premio Pulitzer en 2003. En 2013, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, se estrenó Bajo Tortura, un documental que narra la historia de Alfonso Martín del Campo, una de las más grandes injusticias en materia de violaciones a los derechos humanos en México.
Enlaces:
Efectivamente, Adrian, los funcionarios y servidores públicos son peores que los delincuentes, porque ellos deberían defender a los ciudadanos, pero, simplemente, les usan para sus intereses particulares, o para encubrir a asesinos.La lista de casos es kilométrica. En México y en el resto del mundo,
Es difícil hacer justicia, Es imperdonable cuando los encargados de procurar justicia fabrican pruebas y logran confesiones arrancadas a golpes y firmadas con sangre..Y casi siempre que se hace esto es porque los culpables tienen vínculos con las instituciones de procuración de justicia…….Las leyes anti corrupción y anti impunidad brillan por su ausencia…….
Son peor que los delincuentes con los que tratan los funcionarios que reciben sus sueldos gracias a los aportaciones en los impuestos de toda la población, y a cambio les devuelven casos como éste y muchos mas que existen en todas las cárceles de México y otros países del mundo…