Amnistía Internacional ha informado de amenazas contra Leonel Rivero, el abogado de Alberto Patishtán, y se ha declarado «muy preocupada» por su seguridad, así como por su colega César Rivero Espinosa, ambos pertenecientes a la organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos.
El 17 de enero pasado, Leonel recibió una llamada telefónica amenazante de un desconocido, quien le dijo: Mira, no me estés chingando la madre (expresión que significa “fastidiar” en grado sumo) porque te estoy hablando bien verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy, verdad, pero soy algo. También su casa, que le sirve de despacho, fue asaltada recientemente.
Este incidente se suma a otros más sufridos en el pasado. En varias ocasiones, durante el mes de marzo de 2013, le dejaron mensajes en su buzón de voz con grabaciones de conversaciones personales que había tenido durante el día en reuniones con clientes, sugiriendo que estaba siendo vigilado y que, quienes le monitoreaban, tenían acceso a su hogar y oficina.
Amnistía tuvo conocimiento de que, pese a que fueron presentadas denuncias ante la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, PGR, no ha habido una investigación de fondo para identificar a las personas responsable estos actos. Además, la propia PGR informó a Leonel Rivera de su intención de archivar el caso.
Por ello, la organización llama a las autoridades mexicanas a que tomen medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de Leonel Rivero Rodríguez y Rivero Espinosa.
Defensor de los desfavorecidos
Leonel Rivero Rodríguez es un reconocido abogado de los derechos humanos en México. Entre 1983 y 1996 representó a varios sindicatos en industrias como General Motors, Volkswagen y Renault. También representó a muchos empleados universitarios, incluido el de la Universidad Nacional Autónoma de México; a los trabajadores del diario La Jornada y a los de la Industrial Nuclear. De 2001 a 2003, fue abogado de la Delegación Cuauhtemoc del Distrito Federal de México en cuestiones relacionadas con la corrupción a altos niveles del gobierno.
De 1997 a 2008, su trabajo se centró en la defensa de los derechos humanos. Entre otros casos, representó al movimiento Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, cuyos miembros se encontraban procesados por defender su tierra ante el intento desarrollista de construir un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México.
Junto a un equipo de abogados como María del Pilar Noriega García, Digna Ochoa, Plácido y José Lamberto, defendió a un grupo de individuos acusados por el Gobierno Federal por su presunta participación en grupos guerrilleros.
También ha asesorado a varias organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Popular de Madres Educadoras (COPOME), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Frente Popular Francisco Villa, y al Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
En su momento se hizo cargo del caso del maestro indígena Alberto Patishtán, condenado en 2002 a 60 años de prisión por lesiones y homicidio calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Las apelaciones, amparos y recursos de reconocimiento de inocencia presentados desde entonces fueron rechazados en varias ocasiones, hasta que las continuas denuncias de los organismos de derechos humanos, incluido Amnistía, y las demandas de los mexicanos, junto con el trabajo del bufete de Leonel, consiguieron que el presidente Peña Nieto firmara un indulto a finales de octubre del año pasado.
Con el fin de garantizar la seguridad de Rivero, Amnistía ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas dirigida al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Las llamadas telefónicas amenazantes son bien destructivas y causantes de gran temor, por la incertibumbre misma de lo que implican. Pueden ser simples bravuconadas o algo realmente en serio. De todas formas, parece que los amenazadores van escalando: primero dan ese tipo de avisos y pueden llegar hasta allí; pero en otros casos de verdad pasan «del dicho al hecho».
Para 1974 en Chile, en el área de prensa de la más importante radioemisora del país, en algunos turnos de última hora (cerca de la medianoche) me tocó recibir llamados telefónicos de amenaza dirigidos a un locutor que en un programa de parasicología aludía a una situación de desaparición de unos niños, convocando a una especie de cadena o sinergía colectiva para que fueran encontrados, y sin alusiones más que las de la situación humana de no saber de los niños. Las voces amenazadoras eran de hombres, con tono autoritario jerárquico de estilo militar y breves, de advertencia dura: «dígale a xxxx que no siga hablando más del asunto de los niños xxx» (corte). Por sentido común, no lo comenté a nadie, exceptuando al afectado, y a la brevedad, para que él decidiera sus acciones (yo también oía el programa, porque se emitía a la hora de esos turnos). Con los años la verdad de lo que aludía el locutor, fue descubierta y era un hecho de violación a los DD.HH. bastante fuerte, aunque en medio había circulado antes una convincente versión de prensa de un hallazgo de los cadáveres de los niños encontrados bajo un derrumbe lo que en verdad era un montaje y que hasta yo mismo creí en su momento.