El presidente mexicano Enrique Peña Nieto informó este martes 29 de octubre, a través de su cuenta de twitter, sobre la decisión de indultar al profesor Alberto Patishtán, preso desde el año 2000 acusado de participar en el asesinato de siete personas, aunque está más que demostrado que es inocente.
La noticia ya se esperada, pues el Senado de la República aprobó hace unos días un dictamen por el que se abría la posibilidad de que obtuviera su libertad mediante el indulto. El que el presidente lo haya hecho público de esa manera es una muestra de las prisas por acabar con ese tema y, de paso, tener entretenidos a los ciudadanos mientras termina de aprobar unas reformas que no agradan a una gran mayoría.
Los senadores dieron el sí al dictamen de la Comisión de Justicia del Senado y, por ese medio, se le otorga al Presidente de la República la facultad de conceder el indulto, no sólo por cuestiones políticas y sociales, sino cuando haya evidencias fehacientes de que en un proceso judicial se violaron los derechos humanos. Como sucede en el caso del maestro indígena de Chiapas, Alberto Patishtán, por más que los jueces no quieran reconocerlo.
Con la reforma al Código Penal Federal, no sólo el maestro indígena podría verse beneficiado, sino también otras personas que estén en la misma situación. Esta reforma también ha sido aplaudida por la Cámara de Diputados.
El “comunicado” de Peña Nieto fue doble:
Día 29.10.2013- 20,13 horas
Enrique Peña Nieto @EPN Este mismo jueves, la Reforma entrará en vigor e indultaré a Alberto Patishtán Gómez.
Día 29.10.2013- 20,15 horas
Enrique Peña Nieto @EPN El día de mañana publicaré en el @DOF_SEGOB las Reformas al Código Penal Federal en materia de indulto aprobadas hoy por el Congreso.
Se preparaban nuevas exigencias
Amnistía había vuelto a insistir hace unos días en su petición de liberar al maestro y, una vez que los diputados dieron su apoyo a la reforma, su solicitud se iba a volver más insistente, hasta el punto de convocar una rueda de prensa para hoy, miércoles 29, con la presencia del hijo de Patishtán, que se desplazará al DF, junto con otras personas de la Voz del Amate, creada por el indígena.
El caso del maestro indígena Alberto Patishtán, muy respetado antes de su encarcelamiento, se ha convertido en emblemático debido a que existen diferentes pruebas de su inocencia y del indebido proceso judicial que se siguió en su caso.
En 2002 fue condenado a 60 años de prisión por lesiones y homicidio calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Las apelaciones, amparos y recursos de reconocimiento de inocencia presentados desde entonces fueron rechazados.
Sin embargo, Amnistía Internacional siempre ha insistido en que las irregularidades en la investigación y el proceso judicial nunca fueron evaluadas debidamente para corregir la condena. Tampoco fue tenida en cuenta la jurisprudencia desarrollada por el poder judicial de la federación en este periodo sobre la evaluación de las pruebas de cargo, la presunción de inocencia y el debido proceso para asegurar un juicio justo, así como la reforma constitucional de 2011, que reconoce el rango de las normas internacionales de derechos humanos.
Nunca se investigó la influencia del alcalde de El Bosque, municipio vecino del de Alberto Patishtán, en el Estado de Chiapas, en la investigación preliminar efectuada por el ministerio público. Antes de la declaración del hijo del edil, quien fue uno de los supervivientes del ataque, y el único testigo que señaló al maestro, ya había manifestado al ministerio público que Patishtán era uno de los autores del delito. Asimismo, comunicó el supuesto móvil del crimen. Estos elementos sirvieron para emitir una orden de localización contra Patishtán. El propio alcalde facilitó hasta una fotografía de Patishtán, que el ministerio público utilizó para proceder contra éste y animar a testigos no presenciales a señalarlo como responsable.
Tampoco hubo una investigación imparcial del contexto social que podría haber motivado un señalamiento fabricado contra Patishtán por parte del alcalde y su hijo. Se da la circunstancia de que, un mes antes de los asesinatos, Alberto Patishtán y otras personas de su comunidad habían pedido públicamente la dimisión del edil. Este antecedente nunca fue objeto de investigación por parte del ministerio público, ni fue considerado con seriedad dentro del proceso por parte de los jueces de primera, segunda y tercera instancia. Es decir, estaba condenado de antemano y nada ni nadie lo iba a impedir. Su delito estaba claro: ser indígena, pobre, y atreverse a protestar. El mismo de miles de mexicanos con la piel oscura.
Si está tan claro que es inocente, por qué recurren al indulto para excarcelarle, se preguntarán. Pues porque la única posibilidad de conseguir que un tribunal haga justicia sería recurrir a la corte internacional. Pero no hay tiempo.
Patishtán está enfermo, muy enfermo. Un tumor en el cerebro está acortando su vida. Que se hayan apresurado a sacarle de la cárcel estaba más que cantado, pues al ejecutivo no le interesa que fallezca entre rejas, por aquello de que le iban a convertir en mártir y las protestas arreciarían.
En estos momentos, en los que la “reforma educativa”, que no es tal, tiene en la calle protestando a miles de profesores indígenas, a otros miles gritando que están abandonados tras las inundaciones y que los munícipes y sus adláteres no les entregan las ayudas… En estos momentos, digo, al Gobierno no le conviene en absoluto una revuelta indígena más. No es que le importen los indígenas, tampoco les importa a los diputados ni a los senadores, pero lo disimulan.
Los indígenas de este país son los que engrosan las cifras de 53,3 millones de pobres y 11,5 que están en la más absoluta miseria. En México hay, “oficialmente”, 117,3 millones de personas. Lo entrecomillo porque es probable que la cifra “real” sea de unos cuantos millones más, debido a la inercia de no registrar a los hijos, un asunto del que nadie habla, pero todos lo saben. En las comunidades situadas en lugares casi inaccesibles, en los pueblos de la montaña, y en la selva, no existen oficinas de registro, ni carreteras, ni se acerca ningún funcionario. Recorrer a pie cientos de kilómetros para anotar el nombre del hijo en un libro, ¿para qué? La cifra de ciudadanos con necesidades extremas es muchísimo mayor de lo que cuentan los datos oficiales. Pero son indígenas.
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