Numerosos estudios han sido elaborados por teóricos para medir el grado de descontento de las poblaciones en América Latina y determinar las causas que provocan la ruptura entre las masas y las élites en el poder.
La realidad de los problemas en América Latina está al orden del día por la diversidad de las demandas populares. Para corregir el rumbo que conduce al discretito de los gobernantes, sería legítimo intentar reconstruir la confianza en las instituciones políticas.
Concretamente, los partidos políticos asumen una gran parte de la culpa en este contexto. Una percepción generalizada en América Latina revela la insatisfacción de los ciudadanos por las actuaciones de los partidos hacia sus expectativas.
Ante la degradación de las condiciones de vida y la proliferación de males sociales, como la corrupción, el nepotismo y el favoritismo, los tráficos ilícitos, la única vía que conduciría a la recuperación de esta confianza sería el fortalecimiento del Estado de derecho. Es un requisito imprescindible que permitirá a todos los ciudadanos participar en la edificación de una sociedad justa y democrática.
No sólo las instituciones políticas son concernidas, la sociedad civil asume también el papel de canalizar las demandas e iniciativas colectivas. Su contribución ayudaría a garantizar la estabilidad social y traducir las iniciativas políticas en el terreno.
El éxito de las medidas tomadas por los políticos se valora a través del entendimiento con la sociedad civil y el grado de su aceptación por parte de la opinión pública. Como sucede en las democracias representativas, la estabilidad política y social en los países latinoamericanos está a la merced de una mayoría suficiente al programa de acción de los gobiernos. De modo que el diálogo entre actores políticos y sociales, se convierte en el colchón social que permitirá evitar conflictos entre gobernantes y contribuyentes. Además, la paz social fortalece el papel de la sociedad civil en la tarea de sensibilización de la población a los valores democráticos.
Con esta premisa, su intervención sería un acto determinante en la erradicación de las malas prácticas que amenazan la buena gobernanza y peligran la cohesión social. La comunidad de interés invita así a encauzar todos los esfuerzos hacia las cuestiones prioritarias como la manera de remediar las carencias en materia de salud, de educación, de infraestructuras, del control de la inflación, la creación de oportunidades de empleo, la reducción de los flujos migratorios o la regulación del mercado laboral. Este planteamiento se inscribe en la preocupación por la protección de los logros democráticos para que la sociedad sea inmune a la anarquía y al autoritarismo.
En este sentido, el sufragio universal es la expresión más clara de la voluntad popular para poder medir el grado de aceptación para todos de los valores democráticos. Este requisito garantiza también la implicación de la comunidad en la doctrina de lucha contra toda forma de desigualdad y de exclusión y amplia el espacio de la participación ciudadana. La adhesión a un proyecto colectivo que garantice el acceso universal a los servicios públicos es, al final, una decisión voluntaria que consolida la confianza en el sistema democrático y en sus instituciones.
Para afianzar el concepto democrático, intervienen también los medios de comunicación de masas que desempeñan, en el marco de la libertad de expresión, un papel de dignificación de las conductas correctas y de censura de las actitudes antidemocráticas y anti populares. Es la razón por la cual, los actores políticos y de opinión se apoyan en estos medios en un ejercicio de aproximación a las masas en busca de reconocimiento de sus acciones y de legitimidad para las instituciones a las que pertenecen.
