En el Día Internacional para el Fin de la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, RSF exige justicia en casos de asesinatos en América Latina.
El 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Reporteros Sin Fronteras recuerda los innumerables casos de asesinatos contra comunicadores y trabajadores de los medios que siguen sin resolverse hasta el día de hoy.
Desde junio de 2021, en el marco del proyecto Bajo Riesgo, que analiza los programas de protección a periodistas en América Latina, la organización honra, en el aniversario de su muerte, a comunicadores que perdieron la vida en la última década como resultado del ejercicio de su libertad de expresión. La iniciativa se prolongará durante más de un año, recordando las historias de periodistas de Brasil, Colombia, Honduras y México, los cuatro países donde más asesinan a comunicadores en América Latina -al menos 139 entre 2011 y 2020- y donde las tasas de impunidad son alarmantes.
Sin embargo, los delitos contra periodistas comienzan mucho antes de que se lleve a cabo un asesinato; antes vienen amenazas, intimidación, agresión física y digital, secuestro, y amenaza a familiares, entre muchos otros. Sobre esto, la ausencia sistémica de investigación y rendición de cuentas de los perpetradores de este tipo de ataques deja el camino abierto para la escalada y perpetuación de la violencia.
Para Naciones Unidas, cuando la gravedad de la situación así lo requiera, especialmente en casos de delitos frecuentes y repetidos, se debe evaluar la posibilidad de establecer unidades de investigación específicas especializadas en delitos contra la libertad de expresión.
México tiene unidades específicas
Esto es lo que hizo México en 2010, por recomendación expresa de la ONU. Históricamente presente en las encuestas sobre el tema -en el recién lanzado Índice Global del Comité de Protección a Periodistas, el país ocupa la sexta posición, el Estado mexicano creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), vinculado a la Procuraduría General de la República (PGR).
Diez años después, según datos de la propia Feadle, la Fiscalía Especial reconoció su competencia para atender solo 27 de los 92 homicidios contra periodistas registrados desde 2010 hasta julio de este año. En los demás, no consideró que los delitos tuvieran relación con la actividad periodística. En el mismo período, solo se alcanzaron cinco condenas. Si se consideran otros delitos, hubo 25 condenas.
Colombia tiene la unidad, pero como si no
Colombia, por su parte, creó una subunidad de investigación de los asesinatos de periodistas, subordinada a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en 1999, pero el organismo aún carece de fiscales especializados en libertad de expresión y un gran número de casos de asesinatos y ataques contra periodistas sigue sin respuesta.
En 2010, el país aprobó una ley que amplía de 20 a 30 años la condena para los delitos de asesinato de periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, aumentando las posibilidades de llegar a condenas. Y el Código Procesal Penal prevé, además de trasladar la jurisdicción para juzgar los casos en que las circunstancias atenten contra la imparcialidad o independencia de la justicia y la seguridad de los involucrados, un agravante para los asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas, desplazamientos forzados y amenazas contra periodistas.
Este año, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró que la agencia había avanzado en el esclarecimiento de alrededor del 63 por ciento de los casos que involucran a defensores y periodistas cometidos desde 2016, pero que habían sido condenados menos del 15 por ciento. Según la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), de los 161 homicidios registrados en el país asociados al ejercicio de periodismo, más del 78 por ciento se encuentran en total impunidad, y más de la mitad son presos sin condena.
Honduras, por presión, creó una fiscalía especial
En Honduras, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Fedroddhh) se creó en 2018 como parte del Sistema Nacional de Prevención y Protección.
La creación fue el resultado de la presión internacional y las recomendaciones expresas de la CIDH ante los índices de violencia en el país.
Pero, en general, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos dicen que ni siquiera tienen acceso a la información sobre la tramitación de sus denuncias, y la impunidad ha consolidado un cuadro de autocensura y profunda incredulidad en el Estado por parte de las comunicadoras y los comunicadores.
Este contexto se ha agravado desde 2009, después del golpe de Estado, que hizo que la población en general no creyera en la capacidad institucional del país para hacer justicia dada la complicidad y corrupción de los servidores públicos. Según PEN International, los delitos investigados por la policía no llegan al cuatro por ciento.
Brasil, sin unidades especiales
En Brasil, un país que también aparece con frecuencia en el Índice Global de Impunidad del CPJ, los desafíos institucionales son mayores.
El país no cuenta con unidades especializadas en delitos contra la libertad de expresión dentro de la estructura del Ministerio Público, e incluso, la aprobación de la ley que permite la federalización de delitos contra periodistas no avanza en el Congreso Nacional. En un estudio publicado en 2019, el Consejo Nacional del Ministerio Público analizó la investigación de más de 20 años de casos de asesinatos de comunicadores y concluyó que solo la mitad había llegado a algún tipo de solución.
El informe señaló que casi todos los actos violentos tuvieron lugar lejos de los grandes centros urbanos e involucraron a comunicadores de pequeños medios de comunicación, muchos blogueros y locutores de radio. Por ello, una de las principales demandas de las organizaciones de la sociedad civil brasileña en este campo es la garantía del control externo de la actividad policial por parte del Ministerio Público, para que las investigaciones se realicen con rapidez y eficacia.
Los informes escuchados por RSF a lo largo del proyecto Bajo Riesgo muestran que ni siquiera las amenazas de muerte reciben un tratamiento adecuado. Además, las investigaciones son confidenciales e incluso los abogados de las víctimas no reciben información sobre el avance de los casos.
Por lo tanto, sin cambios estructurales en este sentido, el 2 de noviembre deberá seguir siendo un día de lucha para que no se olviden estas vidas perdidas.
