La vida de millones de mujeres y niñas de toda América Latina está a merced de sistemas “tipo lotería” de asistencia a la salud que anteponen los estereotipos y la doctrina religiosa a la vida del paciente; señala un informe de Amnistía Internacional.
La organización ha analizado el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva en ocho países, y el informe revela que el acceso a servicios básicos como la contracepción, el aborto sin riesgos o la esterilización normalmente depende de la capacidad adquisitiva de la paciente y de las convicciones religiosas y personales de los profesionales de la salud o de cargos públicos.
“Por desgracia, para mujeres de toda Latinoamérica, recibir tratamiento médico para salvar la vida depende de la buena voluntad de un profesional de la salud o de su capacidad adquisitiva. Plantear la asistencia médica como una lotería es indignante y absolutamente ilegal, y pone miles de vidas en peligro”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Desde El Salvador, donde el aborto está prohibido incluso en los casos en que la vida de una paciente depende de él, hasta México, donde las mujeres que viven con el VIH pueden ser esterilizadas a la fuerza, mujeres y niñas de toda la región están sufriendo abusos a manos de los propios profesionales y sistemas que supuestamente deben protegerla”, agrega.
Y añade que “tales normas y prácticas absurdas demuestran que el Estado no sólo tolera sino que además promueve la violencia –a veces equivalente a tortura– y la discriminación contra las mujeres”.
El acceso a un aborto para salvar la vida
El aborto está prohibido sin excepciones en siete países de América, aun en el caso de que la vida de la mujer o la niña dependa de él: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En la mayoría de los restantes países, aunque sea legal, el acceso a un aborto para salvar la vida resulta muy difícil porque algunos profesionales de la salud se niegan a practicarlo por motivos ideológicos.
En Uruguay, por ejemplo, donde se legalizó el aborto en 2012, muchos profesionales de la salud se declararon “objetores de conciencia” y se negaron a facilitar interrupciones.
Ante esto, a muchas mujeres no les queda otra salida que someterse a un aborto clandestino de riesgo, que fue la causa de al menos una de cada diez muertes maternas en toda la región en 2014.
Rosaura Arisleida Almonte Hernández, dominicana de 16 años, murió de leucemia en agosto de 2012 cuando los médicos pospusieron su tratamiento debido a su embarazo y no le proporcionaron el mejor tratamiento posible en su estado. Rosaura solicitó varias veces someterse a un aborto, lo que le habría permitido recibir el tratamiento urgente que necesitaba, pero se le denegó, puesto que el procedimiento está prohibido en todas las circunstancias. Finalmente, Rosaura empezó a recibir tratamiento para el cáncer unos días después de sufrir un aborto espontáneo, pero ya era tarde para salvar su vida.
Incluso en países donde el aborto es legal en determinados supuestos, los médicos del sistema público de salud se niegan a interrumpir embarazos debido a sus convicciones personales. La única salida que les queda a muchas mujeres es pagar servicios privados de aborto, lo que no está al alcance de mujeres con pocos recursos económicos.
En Paraguay, en 2015, las autoridades denegaron reiteradamente la solicitud de interrupción del embarazo de una niña de diez años que se había quedado embarazada tras ser violada. Al no tener acceso a un aborto, la niña se vio obligada a dar a luz.
Y en El Salvador, las mujeres que sufren abortos espontáneos o dan a luz un bebé muerto pueden enfrentarse a largas penas de cárcel, al considerarlas automáticamente sospechosas de haberse sometido a un aborto. En ocasiones, son acusadas de homicidio agravado de forma arbitraria. Es el caso de Teodora del Carmen Vásquez, condenada a treinta años de cárcel, tras dar a luz a un bebé muerto. Su juicio está plagado de irregularidades. Se presumió su culpabilidad y al proceder de una familia sin recursos, no pudo pagar una buena defensa. Amnistía Internacional está pidiendo su liberación a través de www.actuaconamnistia.org.
Esterilizaciones forzadas
Amnistía Internacional ha documentado también los casos de mujeres a las que han obligado a someterse a intervenciones médicas contra su voluntad, y que han sufrido burlas y discriminación por vivir con el VIH al llegar al hospital para dar a luz.
Michelle, de 23 años y madre de dos hijos, es de Veracruz, estado al oeste de la Ciudad de México, y supo que era seropositiva cuando estaba embarazada de cuatro meses, durante una revisión médica.
El día en que acudió al hospital para dar a luz se encontró con un gran cartel sobre su cama donde ponía “VIH”. Más tarde, su médico le dijo que debía someterse a una operación para evitar futuros embarazos. Michelle dijo que no quería esa operación, pero los médicos no le hicieron caso y le practicaron una operación de esterilización que la incapacitó para tener hijos con carácter permanente. Mientras Michelle estuvo en el hospital, las enfermeras no la tocaron. En una ocasión en que sufrió una hemorragia, una enfermera le entregó un paño y le dijo que se limpiara ella misma la sangre para evitar contagios.
Entre 1996 y 2000, las autoridades peruanas se embarcaron en una política atroz de esterilización de mujeres pobres dirigida a “combatir la pobreza”. Muchas mujeres aún sufren las consecuencias de esta esterilización masiva.
Una de las afectadas por dicha política es Esperanza, una mujer del norte de Perú que ahora tiene 59 años. Fue sometida a esterilización forzada en 1998.
Desde entonces sufre dolores de espalda y a veces son tan fuertes que le impiden trabajar, y ha tenido dificultades para superar las secuelas psicológicas de haber sido esterilizada a la fuerza.
Años más tarde, las autoridades siguen sin proporcionarle, ni a ella ni a ninguna de las demás mujeres, una indemnización o un tratamiento que les ayude a superar el trauma que han sufrido.
