Con motivo de la celebración del Salón del Automóvil de París, en el que se expondrán nuevos modelos de automóviles eléctricos, Amnistía Internacional ha instado a los principales fabricantes de automóviles eléctricos a jugar limpio con los consumidores, informando sobre las medidas que toman para mantener el trabajo infantil al margen de sus cadena de suministros, y denunciando los abusos que observen.
En concreto, ni General Motors (GM), ni Renault-Nissan y Tesla han explicado cómo van a garantizar que sus baterías no empleen el cobalto extraído en la República Democrática del Congo con mano de obra infantil, en algunos casos de tan solo siete años de edad.
“Tal vez los automóviles eléctricos no sean tan ‘limpios’ como creíamos. Es preciso que los clientes sean conscientes de que los automóviles verdes podrían estar relacionados con la lacra del trabajo infantil en la República Democrática del Congo. ¿Comprarían un automóvil los clientes del Salón del Automóvil de París si pensaran que a alguien le había costado su niñez?” se pregunta Mark Dummett, investigador de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.
“Las investigaciones de Amnistía Internacional ponen de manifiesto que el peligro de que el cobalto extraído por niños y niñas termine en las baterías de los coches eléctricos es considerable. Estos vehículos se presentan como una opción ética para los conductores y conductoras concienciados con el medio ambiente y con los problemas sociales, así que las empresas que los fabrican deben jugar limpio y demostrar que han ejercido la diligencia debida a la hora de obtener sus suministros.”
Más de la mitad del cobalto de todo el mundo –componente fundamental de las baterías de ion de litio, que alimentan los vehículos eléctricos– procede de la República Democrática del Congo, y de ese porcentaje, el 20 % se extrae a mano. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional para su informe This Is What We Die For, publicado en enero de 2016, concluyó que tanto adultos como menores, algunos de ellos de tan solo siete años, trabajan en condiciones deplorables en áreas mineras artesanales. Quienes llevaron a cabo esta investigación observaron que estos mineros corrían peligro de accidentes mortales y de contraer enfermedades pulmonares graves, y afirmaron que, a veces, no ganaban más que un dólar al día.
Automóviles eléctricos a examen
Nuevas investigaciones publicadas por Amnistía Internacional en vísperas de la edición de 2016 del Salón del Automóvil de París han revelado señales de peligro en cinco empresas de automóviles. Según fuentes periodísticas y comunicados de prensa de las empresas, el fabricante surcoreano de baterías LG Chem proporciona baterías para los modelos Chevrolet Volt de GM, Twizy y ZOE de Renault-Nissan y actualizaciones del motor Roadster de Tesla.
Samsung SDI, también de Corea del Sur, suministra a BMW (i3 EV y i8 PHEV) y a Fiat-Chrysler(500E EV), según reconocieron ambos fabricantes de automóviles en cartas a Amnistía Internacional.
En su informe de enero de 2016, Amnistía Internacional comunicó que existía el peligro de que otras empresas automovilísticas, entre ellas Daimler, VW y el coloso chino de vehículos eléctricos BYD, estuvieran utilizando cobalto procedente de las minas de la República Democrática del Congo en las que trabajan tanto menores como adultos en deficientes condiciones de seguridad.
Basándose en documentos de los inversores, Amnistía Internacional demostró que la empresa china Zhejiang Huayou Cobalt (Huayou Cobalt), que suministra a fabricantes de componentes de baterías en China y Corea del Sur, utiliza cobalto extraído en la República Democrática del Congo. Estos fabricantes de componentes venden, a su vez, a fabricantes de baterías, como LG Chem y Samsung SDI, que son proveedores de muchas de las principales empresas automovilísticas del mundo.
Daimler ha afirmado que sus suministros no proceden directamente ni de la República Democrática del Congo ni de ningún proveedor de ese país. De igual forma, VW ha negado toda vinculación con Huayou Cobalt. Ambas empresas aseguran que están redoblando sus esfuerzos por detectar irregularidades de derechos humanos en sus cadenas de suministro de cobalto, pero no facilitan ninguna prueba. Por ejemplo, ninguna de ellas explica cómo verifica la información que le facilitan sus proveedores y lo que es más grave, tampoco revelan la identidad de sus talleres de fundición ni cómo se aseguran de que las prácticas de éstos sean adecuadas. BYD no respondió a la solicitud de información de Amnistía Internacional.
BMW y Fiat Chrysler: más transparencia pero incumplen normas internacionales
General Motors (GM) y Tesla no respondieron a la solicitud de Amnistía Internacional para que proporcionaran pruebas sobre cómo identifican y abordan posibles abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de suministro de cobalto, sobre todo en relación con el trabajo infantil.Renault afirmó que respondería a Amnistía “lo antes posible”, sin proporcionar ninguna otra información más.
Por el contrario, BMW y Fiat-Chrysler remitieron respuestas detalladas, pero no facilitaron suficientes pruebas sobre el cumplimiento de las normas internacionales relativas a las cadenas de suministro de minerales:
BMW afirmó que venía investigando su cadena de suministro de cobalto desde 2013, y que estaba trabajando con sus proveedores para identificar sus talleres de fundición, cuyos nombres, en cambio, declinó revelar. Además, BMW aclaró que Huayou Cobalt no era proveedor suyo, y que Samsung SDI, su fabricante de baterías, le había garantizado que Huayou Cobalt no intervenía en la cadena de suministro. Sin embargo, no proporcionó ninguna prueba de medidas que hubiera tomado de forma independiente para verificar esta afirmación de Samsung.
Por su parte, Fiat Chrysler, también cliente de Samsung SDI, aseguró igualmente que Huayou Cobalt no participaba en su cadena de suministro, aceptando al parecer, sin más comprobaciones, las palabras de Samsung. No obstante, Fiat Chrysler reconoció que actualmente no “tiene ningún programa dedicado, en concreto, a identificar las empresas de fundición y refinería de cobalto”. Esto significa que carece de sistemas que permitan rastrear sus suministros de cobalto hasta el “punto crítico” de la cadena y que, por tanto, no está en condiciones de garantizar que en su cadena de suministro no haya cobalto extraído por niños y niñas en la República Democrática del Congo.
El sector de los automóviles eléctricos carece de transparencia
De conformidad con las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las empresas que utilizan cobalto extraído en áreas de alto riesgo deben identificar sus talleres de fundición y refinería, y dar a conocer cómo se han asegurado de que éstos ejercen la diligencia debida, e identifican y combaten peligros en materia de derechos humanos y abusos contra los derechos humanos.
Ninguna de las empresas antes mencionadas pudo demostrar que haya cumplido esta norma.
Amnistía Internacional insta a todas las empresas multinacionales que utilizan baterías de ion de litio a mostrar que aplican sus políticas y a ser transparentes con respecto a los resultados de sus investigaciones. Es fundamental que divulguen información en cantidad suficiente sobre los peligros y abusos que detecten en materia de derechos humanos.
Sin embargo, la actuación voluntaria de las empresas no es suficiente: Amnistía Internacional insta a los gobiernos a aprobar leyes que exijan a las empresas comprobar la información sobre la procedencia de los minerales que emplean, y a divulgarla, dando a conocer quiénes son sus proveedores. En la actualidad, no hay ninguna regulación sobre el comercio global de cobalto. Al cobalto no se le aplican las actuales normas sobre los “minerales de zonas de conflicto” de Estados Unidos, que abarcan el oro, el coltán/tantalio, el estaño y el tungsteno extraídos en la República Democrática del Congo.
En Francia, la Asamblea Nacional ha aprobado un proyecto de ley, por el que se obligaría a las grandes empresas francesas, como Renault, a prevenir abusos contra los derechos humanos en su cadena de suministro. En octubre, se someterá a debate en el Senado.
“Este proyecto de ley es un gran ejemplo de cómo un Estado se asegura de que las empresas se tomen en serio los derechos humanos y cumplan con sus responsabilidades. De ser aprobado, las empresas podrían ser sancionadas por falta de celo”, declaró Mark Dummett.
“Sin una legislación que imponga, obligatoriamente, la diligencia debida en materia de derechos humanos, las empresas seguirán eludiendo el asunto y beneficiándose del trabajo infantil y de otros abusos”.
