El arresto de un alcalde venezolano por su presunta participación en las protestas contra el gobierno es una señal del deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, ha manifestado Amnistía Internacional.
“Con la detención de Daniel Ceballos bajo sospecha de rebelión y conspiración para cometer un crimen (agavillamiento), las autoridades de Venezuela parecen estar preparando el escenario para una caza de brujas contra los líderes de la oposición”, señala Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, estado Táchira, al oeste de Venezuela, y miembro del partido de la oposición Voluntad Popular, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, declaró en la televisión que Ceballos había sido detenido bajo cargos de rebelión civil y agavillamiento.
Torres también tuiteó: “La detención de Daniel Ceballos es un acto de justicia! Este Alcalde facilitó y apoyó la violencia irracional que se desató en San Cristóbal” y “Un Alcalde tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución y las Leyes, no de fomentar la violencia, la anarquía y la rebelión civil!”
Estas declaraciones merman el derecho a la presunción de inocencia, que es la piedra angular de la justicia y el debido proceso.
Enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad, los grupos afines y contrarios al gobierno han aumentado desde febrero. Según fuentes oficiales, al menos 31 personas han perdido la vida, entre ellas seis funcionarios, y más de 460 personas han sido heridas. Más de 1700 han sido detenidas, sin embargo la mayoría han sido liberadas con medidas cautelares.
“No se puede negar que las autoridades de Venezuela tienen la responsabilidad de mantener el orden público. Sin embargo, si no respetan los derechos humanos y no actúan con moderación, sus acciones provocarán aún más violencia. Por supuesto, es también crucial que los líderes de la oposición manden una señal clara a sus seguidores de no cometer abusos de derechos humanos,” dijo Guadalupe Marengo.
