El creciente clima de violencia y polarización que vive Venezuela tras casi un mes de intensas movilizaciones sociales a favor y en contra del gobierno pone en grave peligro el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho, sostiene Amnistía Internacional.
La muerte del efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana Acner Isaac López y de José Gregorio Amaris ayer en el estado de Miranda, al parecer por disparos de arma de fuego, ha elevado el número de víctimas de la violencia a 21.
Los hechos se habrían producido cuando un grupo de motorizados se acercó a levantar una barricada que habían colocado los vecinos en una zona residencial.
«Las proclamas cada vez más violentas de autoridades, simpatizantes del gobierno y líderes opositores, así como de algunos manifestantes, amenazan con acabar con el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho», ha afirmado Guadalupe Marengo, directora adjunta del programa para las Américas de Amnistía Internacional.
Estas muertes suceden sólo un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, llamaran a sus simpatizantes a poner fin a las protestas contra el gobierno, durante los actos de conmemoración del primer aniversario de la muerte del anterior presidente, Hugo Chávez.
«Aunque tanto autoridades como líderes opositores están elevando peligrosamente el tono de sus declaraciones, el Estado y sus representantes tienen una responsabilidad añadida y deben ser especialmente cuidadosos con sus palabras», ha afirmado Guadalupe Marengo.
«Instamos a las autoridades a dejar absolutamente claro que su prioridad es el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho. Ello implica, para empezar, no hacer declaraciones que pueden dar lugar a confrontaciones entre distintos sectores de la población civil que puedan resultar en graves violaciones de derechos humanos», ha agregado.
La organización reitera que el estado venezolano y sus representantes tienen la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos y velar para que no se produzcan violaciones y abusos.
«Aunque las autoridades tienen el derecho y el deber de garantizar el orden público, deben hacerlo evitando cualquier uso innecesario de la fuerza y de grupos de personas no profesionales y no adecuadamente entrenadas para cumplir este objetivo», ha dicho Guadalupe Marengo.
Amnistía Internacional insta asimismo a los líderes de oposición a hacer un llamada a sus seguidores a no cometer actos de violencia, incluyendo ataques contra personas por sus preferencias políticas.
De acuerdo al Ministerio Público, desde que comenzaron las protestas se han contabilizado: 21 fallecidos (entre ellos dos guardias nacionales); 318 heridos (81 de ellos miembros de los cuerpos de seguridad del estado); 1322 detenidos (92 de ellos siguen presos, 1003 han sido liberados con medidas cautelares, y 35 han sido liberados incondicionalmente).
Hasta la fecha, el Ministerio Público está investigando 25 denuncias de maltrato y tortura. 15 efectivos de las fuerzas del orden estarían detenidos por su responsabilidad en estos hechos.
