El ataque global contra las ONG ha alcanzado un punto crítico, sostiene Amnistía Internacional en un informe titulado Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil, en el que revela que en más de cincuenta países están recurriendo a tácticas intimidatorias y normas represivas para evitar que desempeñen su labor.
Señala Amnistía que está aumentando el ataque de gobiernos de todo el mundo contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) mediante la creación de leyes que las someten, a ellas y a su personal, a vigilancia, kafkinanas trabas burocráticas y la amenaza constante del encarcelamiento.
El informe revela el sorprendente número de países que están utilizando tácticas intimidatorias y normas represivas para evitar que las ONG desempeñen su labor esencial, y se citan cincuenta países del mundo donde se han aplicado o están en trámite leyes contra las ONG.
“Hemos documentado cómo cada vez hay más gobiernos que someten a las ONG a obstáculos y restricciones irrazonables, impidiéndoles llevar a cabo su esencial labor”, ha declarado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.
“En muchos países se acosa hasta sumirlas en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos. Las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para trabajar con libertad y seguridad. Silenciarlas e impedir que lleven a cabo su labor tiene consecuencias para todas las personas.”
Sólo en los dos últimos años, en el mundo se han adoptado o están en trámite casi cuarenta instrumentos legales que interfieren con el derecho de asociación y han sido concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, por lo general aplicando absurdos procesos para la inscripción de estas organizaciones en el registro, vigilando su trabajo, restringiendo sus fuentes de recursos y, en muchos casos, cerrándolas si no cumplen con los irrazonables requisitos que se les imponen.
Un problema global
En octubre de 2018, el Ministerio del Interior de Pakistán rechazó las solicitudes de inscripción de 18 ONG internacionales y desestimó los consiguientes recursos sin más explicación.
En Bielorrusia, las ONG están sometidas a una estricta supervisión estatal. Trabajar para una ONG a la que se ha denegado —con frecuencia arbitrariamente— la inscripción en el registro es delito.
En Arabia Saudí, el gobierno puede negar el permiso a nuevas organizaciones y disolverlas si se considera que “perjudican la unidad nacional”. Esto ha afectado a los grupos de derechos humanos, incluidos los que defienden los derechos de las mujeres, que no han podido registrarse y funcionar libremente en el país.
En Egipto, las organizaciones que reciben financiación del extranjero deben cumplir normas estrictas y arbitrarias. A causa de esto, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido prohibiciones de viajar, congelación de activos y procesamientos judiciales, en algunos casos con penas de hasta veinticinco años de cárcel en caso de dictarse sentencia condenatoria.
“También han sido atacadas oficinas de Amnistía Internacional en todo el mundo. Desde India hasta Hungría, las autoridades han sometido a abusos a nuestro personal, han irrumpido en sus oficinas y han congelado sus activos en una nueva escalada de sus ataques a las organizaciones locales”, ha manifestado Kumi Naidoo.
Cárcel por incumplimiento
Muchos países, como Azerbaiyán, China y Rusia, han introducido más requisitos para la inscripción en el registro y la presentación de informes. Su incumplimiento supone el encarcelamiento, un castigo que conoce muy bien el defensor de los derechos humanos Rasul Jafarov, entrevistado para el informe.
“Me detuvieron por el activismo y las manifestaciones del Club de Derechos Humanos en los que había participado”, relató Rasul, quien quedó en libertad en 2016, tras pasar más de un año detenido. “Esto dio lugar a un ambiente horrible: quienes no fueron víctimas de detenciones o investigaciones tuvieron que cerrar sus organizaciones o paralizar sus proyectos. Muchas personas dejaron Azerbaiyán para trabajar en el extranjero.”
Esta restrictiva regulación supone que las ONG están bajo el constante escrutinio de las autoridades. En China, la nueva legislación controla estrechamente la labor de las ONG, desde su inscripción en el registro y su presentación de informes hasta su actividad bancaria, sus requisitos de contratación y su recaudación de fondos.
En Rusia, el gobierno denomina a las ONG que reciben financiación extranjera “agentes extranjeros”, un término que es sinónimo de “espía”, “traidor” y “enemigo del Estado”. El gobierno aplica esta legislación de manera tan amplia que incluso una organización que apoyaba a las personas con diabetes fue sancionada con una elevada multa e incluida en el registro de “agentes extranjeros”, por lo que se vio obligada a cerrar en octubre de 2018. Los grupos médicos, ecologistas y de mujeres también están en el punto de mira.
Reacción en cadena
Las políticas represivas del gobierno ruso han causado una reacción en cadena que ha alcanzado otros países.
En Hungría, el gobierno ha obligado a varias ONG a inscribirse en el registro como “organización que recibe financiación extranjera” para desacreditar su trabajo y poner en su contra a la opinión pública. Las organizaciones que no cumplan la normativa se enfrentan a cuantiosas multas y, en última instancia, a la suspensión de sus actividades. Las organizaciones que trabajan en apoyo de personas migrantes y refugiadas han sido atacadas deliberadamente y su personal ha sido hostigado tras la aprobación de un nuevo conjunto de leyes en junio de 2018.
“No sabemos qué va a pasar con nuestra organización ni con otras, y tampoco qué otras leyes se aprobarán”, ha dicho Aron Demeter, de Amnistía Internacional Hungría:
“Varios miembros de nuestro personal han sufrido insultos, amenazas de violencia y troleo en Internet. Algunas entidades se han negado a celebrar nuestros eventos en sus espacios y ha habido escuelas que se han negado a organizar actividades de educación en derechos humanos por miedo a las repercusiones.”
En algunos países, el ataque contra las ONG va dirigido particularmente a organizaciones que defienden los derechos de grupos marginados. Las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, incluidos los derechos a la salud sexual y reproductiva, los derechos de las personas LGBTI y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como los grupos ecologistas se encuentran entre las más afectadas.
“No se debe criminalizar a nadie por defender los derechos humanos. Los líderes y las lideresas mundiales deben tener como meta garantizar la igualdad y conseguir que en sus países la gente tenga mejores condiciones de trabajo, una atención de la salud adecuada, acceso a la educación y una vivienda adecuada, no atacar a quienes exigen estas condiciones”, ha afirmado Kumi Naidoo.
Según CIVICUS, una alianza mundial de organizaciones y activistas de la sociedad civil, el informe de Amnistía Internacional llega en un momento decisivo.
“Este informe es muy oportuno dada la proliferación de restricciones al trabajo legítimo de las organizaciones de la sociedad civil”, ha señalado Mandeep Tiwana, responsable de Programas de CIVICUS. “Al poner de relieve las dificultades, quienes apoyan los valores de la sociedad civil y los derechos humanos pueden ayudar a frenar esta tendencia.”
