“La desaparición de ETA es un hito que cierra una etapa negra, pero no reduce ni un ápice la responsabilidad de sus miembros de colaborar en la investigación y el esclarecimiento de los asesinatos cometidos, así como de las extorsiones, amenazas o coacciones a amplios sectores de la población. Que ETA se disuelva no anula el derecho de sus víctimas a reclamar verdad, justicia y reparación”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
“El anuncio de la disolución de ETA debe ayudar a impulsar definitivamente una agenda común de derechos humanos asumida y compartida por las autoridades centrales, vascas y navarras”, ha añadido Beltrán, que encabeza la delegación de AI España que va a impulsar la semana que viene dicha agenda entre las autoridades vascas y navarras.
La responsabilidad del Estado hacia las víctimas de ETA
Aprovechando el anuncio hecho hoy por ETA, Amnistía Internacional llama la atención sobre la falta de información detallada y desglosada a nivel estatal de todos los abusos que ésta ha cometido, muchas de cuyas víctimas aún no han sido identificadas o indemnizadas, sobre todo aquellas que han sido heridas o han sufrido extorsión, amenazas o coacciones. Y no existe, por parte del Estado, una cifra oficial sobre el número total de casos que están sin esclarecer, incluidos los casos de personas heridas.
Tampoco hay claridad, de acuerdo a la información disponible, sobre si todas las víctimas de sus atentados mortales han tenido acceso equitativo y efectivo a su derecho a la justicia.
“Los Estados deben proporcionar esa información para que las víctimas y sus familias accedan a una adecuada reparación, así como para luchar contra la impunidad», afirma Beltrán. “Según un informe del Gobierno Vasco, el 98 % de las víctimas reconocidas de ETA habrían tenido acceso a algún tipo de reparación, pero no estaríamos ante la misma situación en relación a la verdad o la justicia para muchas otras. Por ejemplo, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, habría doce casos por atentados de ETA en los que los familiares desconocen el estado procesal en el que se encuentran los expedientes.” ha afirmado Beltrán.
Agenda de Derechos Humanos para el País Vasco
Desaparecida ETA, la agenda común de derechos humanos en el País Vasco debe poner a todas las víctimas de violaciones y abusos por delante. Esta agenda, que Amnistía Internacional ya compartió en 2017 con las autoridades centrales y vascas, consta de los siguientes puntos:
- Garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del Batallón Vasco Español. Deben investigarse judicialmente los atentados cometidos por ETA que aún estén sin esclarecer.
- Asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista. El Instituto Vasco de Criminología cifra en más de 3000 las víctimas que han sufrido tortura a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el País Vasco entre 1960 y 2013, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en nueve ocasiones por no investigar de forma exhaustiva la tortura, que es un crimen de derecho internacional.
- Garantizar que todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se investigan adecuadamente. Para ello, debe hacerse una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos y establecer mecanismos independientes de investigación para graves violaciones de derechos humanos.
- Continuar avanzando en las iniciativas que ya están en marcha en el País Vasco sobre la sistematización de toda la información disponible de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante estos años. Y que el Gobierno central también recoja datos oficiales detallados y desglosados de las violaciones y abusos cometidos.
- Revisar la legislación antiterrorista (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas.
- Garantizar, a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central, que los presos y presas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
