Las tácticas del gobierno de Nicaragua para silenciar y reprimir la crítica y las demandas sociales profundizan la crisis de derechos humanos en ese país, denunció este lunes 15 de febrero de 2021 la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Erika Guevara Rosas, directora de AI en América, sostuvo que durante casi tres años, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha mostrado una y otra vez que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua, informa la IPS.
La activista dijo que es necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión.
Las tres tácticas de contención y represión señaladas en el informe de AI son las detenciones arbitrarias, cargos falsos y cárcel; aprobar leyes para acallar críticas y el disenso; y la agresión, intimidación y hostigamiento contra personas excarceladas y sus familias.
Según AI, desde que en el 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos (a raíz de masivas manifestaciones contra Ortega), el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica.
Las autoridades se han dedicado a erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos , sostiene el informe «En Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua».
Reportes de organizaciones locales compilados por AI sostienen que el gobierno utiliza al poder judicial para encarcelar activistas en procesos arbitrarios, y al cierre del informe en noviembre de 2020 más de cien personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.
En el interior de las cárceles, las personas detenidas por su activismo siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo.
La pandemia covid agravó los problemas históricos relacionados a las condiciones carcelarias en Nicaragua y ha generado alarma entre las familias de las personas encarceladas y organizaciones de derechos humanos, preocupadas por las condiciones de las personas detenidas.
Decenas de personas detenidas por motivos políticos sufren de padecimientos médicos que los hacen especialmente vulnerables a la covid, y aunque algunos han mostrado síntomas compatibles con el virus, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios.
Al salir de las prisiones, la situación no mejora sustancialmente. Activistas excarcelados y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares les impide ejercer sus actividades cotidianas, como trabajar o estudiar, y continúan su activismo bajo una situación de alto riesgo para su vida y libertad.
El acoso ha incluido controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, asedio policial en actos religiosos, y vigilancia continua en sus viviendas por parte de agentes policiales.
También detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas de policías, pintas en sus casas con amenazas, o daños a su patrimonio y fuentes de ingreso.
En diciembre de 2020, organizaciones locales estimaban que 31 personas excarceladas fueron nuevamente detenidas y eran mantenidas privadas de su libertad por ejercer sus derechos.
Periodistas y defensores de derechos humanos viven un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades, incluidos cancelación de sus registros legales, la incautación de bienes y destrucción de instalaciones.
Adicionalmente, desde octubre de 2020 el Estado inició la aprobación de un paquete de leyes que ponen en peligro el ejercicio a derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión, según AI.
Lo que están aprobando son instrumentos de represión para dar la forma de legalidad a todas las agresiones que, desde hace mucho tiempo, se han estado cometiendo en contra de los derechos humanos, dijo Vilma Núñez, responsable del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Desde 2018, decenas de miles de nicaragüenses han huido al exterior para escapar de la persecución política y otras violaciones de derechos. Solo en la vecina Costa Rica hay 87.000, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Activistas humanitarios temen que lo peor no ha llegado y las violaciones de los derechos humanos recrudecerán en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales del próximo noviembre, según AI.
