Amnistía Internacional contra la vigilancia masiva indiscriminada

“Ahora, cada frontera que pasas, cada compra que haces, cada vez que telefoneas, cada vez que mandas un mensaje, cada amigo, cada página visitada y cada correo electrónico enviado, se encuentran en manos de un sistema de poder ilimitado, aunque no totalmente seguro”. Edward Snowden

La vigilancia masiva implantada en Estados Unidos y sus aliados –Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá y Australia- es ilegal. Ha llegado el momento de pedir a los gobiernos que cesen en sus prácticas de desprecio al derecho a la vida privada de millones de personas, que además ponen en peligro la libertad de expresión.

Con este mensaje, Amnistía Internacional (AI) ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para un escrito dirigido a los jefes de gobierno de los cinco países mencionados: Barack Obama, presidente de Estados, Tony Abott, primer ministro de Australia, David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, Stephen Harper, primer ministro de Canadá y John Key, Primer Ministro de Nueva Zelanda.

El texto de la carta es el siguiente:

En junio de 2013, el “lanceur d’alertes¹” Edward Snowden reveló la existencia de programas de vigilancia masiva de las comunicaciones, puestos en práctica por Estados Unidos y el Reino Unido, así como una amplio sistema para compartir comunicaciones telefónicas y de Internet interceptadas entre los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda (la “Alianza de los cinco ojos”). Estas operaciones de vigilancia masiva y colaboración de los servicios de inteligencia se llevan a cabo de forma indiscriminada, sin ninguna regla que las cometa al examen del público y con muy poco (incluso ninguno) control ni protección contra los abusos.

Esos programas son una violación de los derechos humanos de la población. Constituyen una violación de la vida privada a escala monumental, y tienen un efecto negativo sobre la libertad de expresión. En su informe sobre “El derecho a la vida privada en la Era Digital”, el anterior Alto Comisario de Naciones Unidas para los derechos Humanos, manifestó muchas preocupaciones en cuanto a las consecuencias de las actividades de vigilancia masiva indiscriminada sobre los derechos fundamentales. El relator especial de la ONU para la protección de los derechos Humanos en la lucha antiterrorista declaró, en su informe de 2014 dirigido a la Asamblea General de Naciones Unidas, que “esos programas representan un desafío directo y permanente a las normas establecidas del derecho internacional”.
La carta para que la que AI pide firmas prosigue exhortando a los gobernantes, y a los gobiernos de los cinco países a:

• Acabar inmediatamente con todas las prácticas de vigilancia masiva indiscriminada, y garantizar que todas las medidas de vigilancia son conformes al derecho internacional relativo a los Derechos Humanos ;
• garantizar que la vigilancia de la comunicaciones constituye una excepción, y que solo puede llevarse a cabo en situaciones de absoluta necesidad, de manera individualizada y basándose en sospechas plausibles y con autorización de una autoridad estrictamente independiente, judicial siempre que sea posible. Todos los funcionarios implicados deben respetar estos principios;
• Hacer públicos todos los reglamentos y las políticas que regulan las prácticas de vigilancia, especialmente en lo que concierne a compartir informaciones con otros Estados;
• Garantizar al existencia de un control judicial y parlamentario trasparente, e independiente de los poderes de vigilancia;
• Proteger a la población de una vigilancia de las comunicaciones indiscriminada i abusiva por parte de otros Estados;
• Acabar con el sistema de compartir informaciones con Estados extranjeros que someten las comunicaciones de las personas a una vigilancia contraria al derecho internacional relativo a los Derechos Humanos.

1. El “lanceur d’alerte” es una persona o grupo que considera haber descubierto elementos amenazantes para la sociedad o algunas personas, la economía o el medio ambiente, y que de manera desinteresada decide ponerlos en conocimiento de instancias oficiales, asociaciones o medios de comunicación, muchas veces en contra de la opinión de sus superiores.