La actual tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en América Latina, en particular en Ecuador y México, representa una amenaza para los derechos humanos en la región, afirma en una nueva declaración la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), informa la IPS.
«Es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos, particularmente ante la evidencia de los retrocesos que ocurren como consecuencia de la militarización de la seguridad pública», advirtió la directora para el hemisferio de AI, Erika Guevara Rosas.
En Ecuador, la Corte Constitucional publicó el martes 29 la validación de la petición del presidente Guillermo Lasso de reformar la Constitución, para permitir el apoyo complementario y permanente de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, a fin de combatir el crimen organizado en el país
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que en cuestión de días discutirá asuntos relacionados con la Guardia Nacional y con la militarización del país que se encuentran pendientes de resolución.
El primer análisis tratará la controversia constitucional sobre el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En el caso de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso afirmó que las obligaciones emanadas para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas ecuatorianas son la justificación para la actuación permanente de parte de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.
Además, mencionó que el problema del crimen organizado no es excepcional, sino que es un fenómeno creciente que ha sobrepasado el ejercicio de las facultades de la institución de protección interna, por lo cual no hay la necesidad de respetar el requisito de excepcionalidad de las Fuerzas Armadas, recordó AI.
«El presidente Lasso no puede ignorar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su propia conveniencia, para justificar la militarización en Ecuador», replicó Guevara Rosas.
Argumentó que «si el problema del crimen organizado, según el propio presidente, no es excepcional, la respuesta no puede darse a través del despliegue permanente de las fuerzas armadas, en virtud de los requisitos de excepcionalidad y carácter extraordinario de su uso».
Recordó que existe una prohibición en la doctrina emanada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre perpetuar el uso de las fuerzas armadas en temas no relacionados con conflictos armados.
En su opinión «se abre una oportunidad para que empiece un proceso que permita que las fuerzas armadas estén a cargo de manera complementaria y permanente de la seguridad ciudadana» y se trata de «un pésimo precedente para la garantía de los derechos humanos en el país».
En el caso de México, Amnistía Internacional recuerda que ese país «ha optado por utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública desde hace más de quince años. Esta estrategia de seguridad se ha profundizado en los últimos años».
En marzo de 2019, mediante una reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional con mando civil y policial, pero con una influencia muy alta de las fuerzas armadas.
Por otra parte, el Acuerdo Presidencial facultaba a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, periodo que fue recientemente ampliado por el Congreso hasta 2028.
«Estas acciones se llevaron a cabo sin una estrategia clara de fortalecimiento de policías y de retiro de las Fuerzas Armadas de las calles», según AI.
En septiembre 2022, el Congreso aprobó que se incorpore a la Guardia Nacional formalmente bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que también tiene a su cargo las Fuerzas Armadas.
La iniciativa está siendo controvertida ante el poder judicial y actualmente cuenta con una suspensión que frena su entrada en vigor.
La oenegé recordó que la Guardia Nacional mexicana desarrolla adicionalmente más de 148 funciones civiles que no están relacionadas con seguridad, como la construcción de carreteras y el manejo de la vacunación contra la COVID-19.
Tanto la Guardia Nacional como la Sedena se encuentran dentro de las diez instituciones con mayor número de quejas abiertas este año, 346 y 327 respectivamente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Según Guevara Rosas «la estrategia de seguridad en manos de las Fuerzas Armadas ha probado una y otra vez ser ineficiente para atender la crisis de seguridad que enfrenta México, pese a lo cual se insiste en perpetuarla».
«Ello sin mencionar el cúmulo de violaciones de derechos humanos que se han documentado por parte de esas fuerzas», agregó.
Opinó que ese país «está a tiempo de cambiar su estrategia de seguridad, para lo cual es fundamental priorizar la creación de un plan de fortalecimiento de los cuerpos policiales, bajo el mando civil, y el retiro progresivo de los militares a sus cuarteles».
Insistió en que la protección del derecho a la vida y a la integridad personal no permite ni puede ser una justificación para que los Estados tomen medidas para complementar, mucho menos de manera permanente, los cuerpos policiales con las fuerzas armadas.
Recordó que la Corte IDH ha alertado sobre la formación del personal militar, que está orientada a su participación en conflictos armados con la consigna de derrotar al enemigo, mientras que el entrenamiento policial se dirige a la protección y seguridad de la población civil en tiempos de paz.
«Sin duda, la seguridad pública ante contextos de violencia es una preocupación legítima y prioritaria para los Estados de la región. Sin embargo, es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos», concluyó Guevara Rosas.
