Amnistía Internacional presenta su informe anual en el que recoge las violaciones de derechos humanos que han sufrido las personas de 159 países y de territorios durante el año pasado, analizadas por investigadores y expertos.
En España, se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresion y el derecho de reunión pacífica de las personas que apoyaban la independencia catalana. Decenas de personas han sido procesadas por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en las redes sociales. Se empleó la fuerza contra los manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación policial y algunos permanecen en la cárcel.
Por otro lado, el informe refleja los datos de España que reubicó a un número de solicitantes de asilo bastante menor del que se había comprometido en el programa de reubicación de la Unión Europea y reasentó a menos personas refugiadas de las previstas en dicho compromiso. Hubo desalojos forzosos, atentados contra la libertad de expresión de periodistas que cubrían informaciones; torturas y malos tratos contra las personas y el uso excesivo de la fuerza; aplicación de medidas desproporcionadas de la legislación antiterrorista; violencia contra las mujeres e impunidad contra los crímenes cometidos durante la contienda civil.
Ciertamente el mundo está sufriendo las consecuencias de la retórica del odio, tal y como citan en su web, que amenaza con normalizar la discriminación en gran escala de los grupos marginados en cuanto a derechos humanos se refiere. Existe por otro lado, un creciente movimiento projusticia social que permite albergar una esperanza e invertir la tendencia de la opresión; odio que fue promovido por Estados Unidos y que atenta contra los derechos de las personas en el mundo entero.
Derechos contra las mujeres; contra los refugiados, los migrantes, que promueve el clima de odio y la discriminación de estos grupos por razones de sexo, raza o extracto social. Eso sumado a los delitos contra el colectivo LGBTI y la intolerancia en general hace que los datos del informe verifiquen el atentado contra los derechos humanos de las personas en pleno siglo XXI.
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