Amnistía Internacional ha hecho público un informe en el contexto del primer aniversario de las protestas masivas en Chile, en el que concluye que la Fiscalía debe investigar a varios mandos estratégicos de la policía chilena, Carabineros de Chile, como el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad, así como también a ciertos mandos operativos de la Zona Metropolitana, por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el llamado «estallido social».
En Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, Amnistía analiza la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019 y concluye que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas.
Si bien dicho corte temporal se hizo por razones metodológicas, se siguieron produciendo casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020, momento en que las manifestaciones cesaron temporalmente debido a la pandemia de la Covid-19.
Recientemente, y tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se produjeron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de dieciséis años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero, quien fue imputado por homicidio frustrado.
«Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa. A través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, entre muchos otros», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
«La cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de derechos humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social».
El uso excesivo de la fuerza y la impunidad al interior de la institución por violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros no son exclusivas de los hechos acontecidos desde octubre del 2019, sino que son parte de un patrón histórico que pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la institución, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas.
Mandos estratégicos o directivos
Amnistía Internacional investigó a profundidad las violaciones del derecho a la vida y la integridad personal de doce personas, a través de carpetas de investigación, expedientes judiciales, entrevistas con víctimas, personas defensoras de derechos humanos, y autoridades, entre ellas fiscales a cargo de las investigaciones. Además, la organización analizó más de doscientas piezas videográficas y cursó catorce solicitudes formales de información a distintos ministerios, incluido el Ministerio del Interior.
El informe pone en evidencia que existen razones para considerar que al menos el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de Carabineros habrían sabido de las violaciones de derechos humanos a través de información pública y oficial.
Por ejemplo, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas a diario con la munición disparada con escopetas, o con bombas lacrimógenas, entre ellas trauma ocular, cuya cifra ascendió a 347 casos hasta el 30 de noviembre. A marzo de 2020, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta cifra ascendía a 460.
Los mandos estratégicos analizados en el informe demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad y de que los casos de trauma ocular sobrepasaban los 250. Aunque se creó una «Plana Mayor Nacional» para asesorar al General Director, la estrategia y planificación de la gestión de las operaciones se mantuvo prácticamente sin cambios pese al desastre. No modificaron los protocolos y dictaron órdenes vagas y generales, casi idénticas a las anteriores, sin incorporar instrucciones específicas para minimizar el daño.
Durante el periodo analizado por Amnistía Internacional, no hubo prácticamente sanciones disciplinarias a pesar de que había más de cuatro mil denuncias ante la Fiscalía en contra de oficiales de Carabineros. De las 170 sanciones anunciadas por la institución policial en el mes de julio de 2020, únicamente dieciséis suponían la remoción del puesto. En dos de los casos con sanciones administrativas de este tipo, los de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, la conducta castigada no tuvo relación con el uso de la fuerza.
En otros casos, a pesar de que oficiales de Carabineros aceptaron su autoría en las lesiones graves, no fueron sancionados. Esto permitió que funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos permanecieran en sus puestos, operando a diario, y alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante en la institución.
«Oficiales de Carabineros reprimieron las protestas disparando munición altamente lesiva, de amplia dispersión y contraria al estándar internacional sobre uso de la fuerza. Lejos de prohibir estos balines de goma y metal como munición antidisturbios, como se debería haber hecho, fueron disparados de manera descontrolada, en ocasiones con la intención de dañar a los manifestantes, o sabiendo que era probable que ocurriese», dijo Erika Guevara Rosas.
«Solo en el mes de octubre Carabineros disparó más de cien mil cartuchos de dichos balines. El menosprecio por la integridad de las y los manifestantes ocasionó que diariamente nuevas personas resultaran lesionadas de gravedad, sin importar que muchas de estas conductas podían constituir delitos penales. Esta estrategia de impunidad se vio favorecida por la falta de trazabilidad de la munición empleada, debido a que no quedaban huellas en el arma desde la que se disparaba».
Mandos operativos o tácticos
Ciertos mandos operativos de la Región Metropolitana, como el Jefe de Zona Metropolitana (STGO1) o el Jefe de Zona de Orden, Control e Intervención (STGO4), tampoco habrían ejercido un debido control sobre sus subordinados, como era su obligación, y dirigieron y coordinaron operaciones como la del 8 de noviembre en «Plaza Italia», donde oficiales de las Fuerzas Especiales dispararon su armamento de forma indiscriminada y hacia zonas corporales de alta letalidad.
Solo en esa intervención, en la que resultó ciego Gustavo Gatica, y que fue comandada por el Prefecto de las Fuerzas Especiales (G-1) y sus subprefectos (G-2 y G-3), se detonaron más de dos mil cartuchos de doce balines cada uno.
Operaciones como esta no fueron la excepción, sino la regla. Amnistía Internacional identificó que este modus operandi se repitió durante el mes y medio analizado, y que dichas operaciones en la Región Metropolitana contaron con los mismos oficiales, que día tras día disparaban de forma injustificada y sin control, y en ocasiones a través de estrategias ofensivas en contra de manifestantes. Entre los oficiales identificados repetidamente se encuentran G-2 y G-3, este último imputado recientemente como posible autor de las lesiones a Gustavo Gatica.
«El hecho de que estos mandos operativos de la Región Metropolitana dirigieran y coordinaran las operaciones y estuvieran directamente implicados en violaciones de derechos humanos, habría alentado al resto de sus subordinados a operar de la misma manera en contra de manifestantes», dijo Erika Guevara Rosas.
Responsabilidad del Ejecutivo
Amnistía Internacional considera que la política que los mandos estratégicos de Carabineros llevaron a cabo no podría haberse dado si la administración del presidente Sebastián Piñera hubiera ejercido un control adecuado. Los intentos del Ejecutivo fueron insuficientes y el discurso de apoyo a la labor de Carabineros favoreció la continuidad de dicha estrategia.
«Se deben deslindar todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligación de hacerlo», dijo Erika Guevara Rosas.
Para garantizar la no repetición de hechos como los analizados en el informe, no sólo es necesario que se juzgue a todas las personas responsables hasta el máximo nivel posible, sino que además se reforme la institución de Carabineros.
«Si algo puso en evidencia esta crisis es que la institución de Carabineros está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población, sometiéndose al poder civil de manera plena, y ejerciendo sus funciones desde el absoluto respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas».
Además, es necesario atender las demandas de la población que detonaron el «estallido social» en Chile. En este sentido, Amnistía Internacional considera que el proceso para la adopción de una nueva Constitución es una oportunidad histórica, donde se debe lograr que los derechos económicos y sociales demandados por la población se garanticen para todas las personas en Chile, sin discriminación.
Aunque no es objeto del informe, Amnistía Internacional también documentó casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes fueron desplegadas del 18 al 28 de octubre por el presidente Sebastián Piñera en algunas regiones de Chile, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de emergencia, a pesar de no ser su rol el control del orden público en manifestaciones.
Oficiales de las Fuerzas Armadas fueron acusados de numerosos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de utilizar munición letal contra manifestantes en varias ocasiones, y de matar a tres personas en contextos de protesta. Las responsabilidades penales por estas muertes y lesiones deben ser esclarecidas de inmediato de manera imparcial y exhaustiva.
«La Fiscalía Nacional y el Poder Judicial tienen una labor titánica por delante, pero crucial para el bienestar del país: terminar con la tradición de impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros. La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas es el mejor remedio para un país herido», dijo Erika Guevara Rosas.
