Amnistía Internacional ha hecho llegar una carta al nuevo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con las prioridades y los principales retos a los que se enfrenta en materia de derechos humanos durante su mandato, y que, de llevarse a cabo, mejorarían la vida de miles de personas.
Derechos de las mujeres y de las personas refugiadas, libertad de expresión, derecho a la salud y a la vivienda, así como unas relaciones bilaterales en las que se garantice que los derechos humanos están en el centro, son algunos de los temas que destaca la organización.
“Pedro Sánchez debería estar del lado de quienes defienden los derechos humanos y no del de quienes prefieren darles la espalda”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Ahora es necesario que las buenas intenciones y las declaraciones se plasmen en acciones concretas. La mayoría de estas propuestas pueden ponerse en práctica de manera casi inmediata, si existe una verdadera voluntad política”, ha añadido.
Retos en política interior
En primer lugar, Amnistía Internacional ha pedido al nuevo Gobierno que implemente de forma inmediata las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en septiembre pasado y que todavía no ha tenido ningún desarrollo. Asimismo, es necesario que se eliminen las barreras que impidan el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual.
Además, entre sus prioridades en materia de política interior, el nuevo gobierno debería tener en cuenta los terribles efectos que las medidas de austeridad regresivas han tenido en materia de salud y vivienda. En ese sentido, la organización ha pedido que se reforme el Real Decreto Ley 16/2012 para asegurar la universalidad de la atención sanitaria y garantizar que sea asequible para todas las personas, y no continúe el deterioro del sistema público actual; y que se garantice que no se lleva a cabo ningún desalojo sin que se evalúen las circunstancias de vulnerabilidad de las personas y sin que se ofrezca una vivienda alternativa para aquellas que no tienen recursos.
Otra de las leyes que Amnistía Internacional ha denunciado, por vulneración de derechos humanos, ha sido la denominada Ley Mordaza o Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) por su efecto desmovilizador y las restricciones a la libertad de expresión que está provocando, así como por dar cobertura legal a las devoluciones en caliente a Marruecos desde Ceuta y Melilla. Por ello, exige que se impulse una reforma de la LOSC, tal y como Pedro Sánchez se comprometió a iniciar en su discurso durante la moción de censura, en un momento en que la tramitación parlamentaria de la misma está paralizada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
“También necesitamos unas políticas que dejen de dar la espalda a las personas migrantes y refugiadas, como hasta ahora han venido haciendo la mayoría de los gobiernos europeosf. Además, creemos que es imprescindible, en el contexto del País Vasco, impulsar una agenda común de derechos humanos, tanto por parte del gobierno central, como del gobierno navarro y el vasco, con avances reales en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, ha añadido Beltrán.
Retos en política exterior
España, como Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tiene una gran oportunidad para promover el respeto y la protección de los derechos humanos en los foros multilaterales, ha recordado Amnistía Internacional al nuevo presidente. Además, también ha hecho hincapié en que para el nuevo Gobierno debería ser esencial que las graves violaciones y abusos de derechos humanos en países como Colombia, Cuba, México, Turquía y Arabia Saudí, así como en crisis y conflictos como Nicaragua, Venezuela, Egipto, Siria, Yemen, Israel o Irak, estén de forma prioritaria en las negociaciones en sus relaciones bilaterales.
Un ejemplo de ello es que tienen en sus manos la posibilidad de poner fin de una vez por todas a las exportaciones de armas a Israel y Arabia Saudí, asegurándose así de que ningún arma española es usada para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.
También en el seno de la Unión Europea el nuevo gobierno tiene retos, especialmente después de los retrocesos que han mostrado algunos países en materia de derechos de las personas migrantes y refugiadas, o represión a las ONG, entre otros. Por ello, debería impulsar acciones para combatir las políticas de odio que se están llevando a cabo en algunos Estados miembros, como Hungría.
Amnistía Internacional no ha querido olvidar tampoco a los defensores y defensoras de derechos humanos, que cada día se juegan la vida en países como Turquía, Rusia u Honduras, y a quienes el nuevo Gobierno debería apoyar públicamente.
La organización ha puesto en marcha una ciberacción en la que pide al nuevo presidente que cumpla con estos diez retos en materia de derechos humanos.