Amnistía Internacional ha presentado ante la Procuraduría General de la República de México el caso de Ligia Ceballos Franco, quien hace unos años descubrió que había sido entregada a su familia mexicana tras haber sido separada de su familia biológica en España.
Para Amnistía Internacional algunos de los casos de bebés robados podrían ser hechos constitutivos de desaparición forzada, un crimen de derecho internacional cometido en España durante la Guerra Civil y el franquismo. Hasta ahora, las investigaciones efectuadas en España por estos casos no han fructificado, ni tampoco han contemplado su posible encuadre como crímenes de derecho internacional, particularmente como desapariciones forzadas. En este contexto, las víctimas se ven obligadas a recurrir a buscar justicia en otros países. Por ello, Amnistía Internacional presentó ayer en México una querella por el caso de una bebé robada en España en 1968.
Amnistía Internacional entregó en la Procuraduría General de la República de México (PGR) una denuncia por el caso de Ligia Ceballos Franco, una mujer mexicana que hace unos años descubrió que había nacido en España con una identidad distinta y que había sido entregada a quienes hasta hace poco consideraba sus padres biológicos. Un caso que para la organización podría enmarcarse en el entramado de bebés robados que se produjeron en España desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia.
Amnistía Internacional ha documentado numerosos indicios que indican que Ligia Ceballos, registrada en su nacimiento, el 29 de mayo de 1968, como María Diana Ortiz Ramírez, pudo haber sido sustraída a su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado.
«En nuestra opinión, este caso reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. Además, en el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Mis padres fueron buenas personas, me criaron, me quisieron y me dieron todo lo que pudieron. Esto no es en contra de ellos sino a favor de la justicia de otras historias como la mía, esto es por las personas a quienes el franquismo les arrebató su vida”, afirmó Ligia Ceballos.
Pese a que en España se han iniciado investigaciones sobre casos de “bebés robados”, éstas no han dado prácticamente ningún resultado y la justicia siempre los ha abordado como delitos comunes (detenciones ilegales, adopciones irregulares o falsedades documentales), y como casos aislados, descartando desde un primer momento la posibilidad de que tales delitos pudieran responder a una trama a nivel nacional o pudieran ser constitutivos de crímenes de derecho internacional.
Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, tras hacerse eco de miles de denuncias interpuestas en España sobre este tipo de casos, señaló, en 2014, que las investigaciones judiciales debían contemplar, ante la existencia de suficientes indicios, las posibles conexiones entre múltiples casos de alegadas sustracciones ilegales de niños y niñas. Este mismo organismo indicó, en su Observación General del año 2013, que el robo de niños y niñas con el conocimiento del Estado puede ser considerado, en determinadas circunstancias, como casos de desapariciones forzadas.
Tanto el Grupo de Trabajo, como el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas recomendaron que el Estado español fortaleciera los esfuerzos para buscar e identificar a los niños y niñas víctimas de este tipo de delitos, tal y como se reconoce en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que establece que tienen derecho a “preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares”.
Las investigaciones que se están llevando sobre este tema en España no están arrojando resultados concretos. Fuentes de la Fiscalía General del Estado, confirmaron a Amnistía Internacional, que ninguna de las 2083 diligencias iniciadas por esta institución en relación con el robo de bebés había llegado a fase de juicio.
“España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada, sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos”, señaló Esteban Beltrán.
Querella en México
«Tenemos varios motivos para presentar la denuncia en México. Primero, la búsqueda del derecho a la verdad y el derecho a la identidad. Sabemos que si se logra judicializar estos derechos podría constituir un importante precedente para otros casos. Segundo, España no está arrojando resultados concretos porque muchos de estos delitos siguen en el olvido. Por ello, el caso encuentra anclaje en el derecho penal mexicano. Tercero, Ligia es una ciudadana mexicana y tenemos la responsabilidad de mostrar públicamente que se hace justicia en su país”, explicó Tania Renaum, directora de Amnistía Internacional México.
Por ello, Amnistía Internacional ha pedido a la Procuraduría General de la República en México que inicie, sin dilación, una investigación exhaustiva sobre este caso para aclarar si se trata de un caso de desaparición forzada, ayude a Ligia a buscar a su familia, restablecer su identidad biológica y el vínculo familiar.
Al Estado español, le pedimos que colabore plenamente con las solicitudes de cooperación que emitan los tribunales mexicanos cuando decidan investigar sobre el caso.
En cuanto a las investigaciones de bebés robados en general, Greenpeace pide a España que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y fortalezca los esfuerzos para buscar e identificar a quienes podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Igualmente solicitamos que tome medidas eficaces para que los responsables sean llevados ante la justicia.
Información complementaria
La denominación de bebés robados, se empezó a utilizar en el contexto español para referirse a los niños y niñas que fueron objeto de secuestro, tráfico de menores y adopciones ilegales durante la Guerra Civil y la postguerra.
En el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30 000 casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”. En el auto se señalaba que el objetivo era separar a estos menores de sus familias a las que no consideraban idóneas. “De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha”.
Las denuncias por casos de bebés robados, con un patrón parecido de actuación y aprovechándose de la misma estructura creada en la posguerra, se prolongó durante todo el franquismo y los primeros años de democracia.
