El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una reciente entrevista y al ser preguntado «Usted dice que conoce bien a Putin ¿Cree que es un asesino?» «Sí, lo creo», contestó el mandatario estadounidense.
Sin duda, sería interesante conocer qué hubiera respondido si le hubiesen preguntado si considera que el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, también es un asesino, porque de momento ha justificado que no se le sancione por no existir «precedentes diplomáticos».
Sin embargo, sí ha anunciado restricciones de visado y sanciones a los agentes que participaron en Estambul en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Estas declaraciones se producen a las pocas semanas de que la oficina del director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos publicara un informe desclasificado de la CIA que reitera elementos inculpatorios previos y claros en el asesinato de Khashoggi por parte del príncipe heredero que autorizó la operación.
El periodista fue asesinado en el consulado saudí en Estambul en octubre de 2018. Las autoridades saudíes reconocieron oficialmente que el asesinato fue cometido por agentes provenientes del reino wahabí, pero se negaron a asumir ninguna responsabilidad por lo que denominaron un «acto de matones». Algunos de los agentes que participaron en la operación fueron procesados y condenados en Arabia Saudí durante un juicio a puerta cerrada que rompía todas las normas internacionales para un juicio justo.
Por este motivo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó el pasado 1 de marzo ante el Fiscal General alemán del Tribunal Federal de Justicia en Karlsruhe una denuncia penal contra el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán, y otros funcionarios saudíes de alto rango responsables de crímenes contra la humanidad.
La denuncia expone el carácter generalizado y sistemático de la persecución de periodistas en Arabia Saudí y, en particular, la detención arbitraria de 34 de ellos y el asesinato de Khashoggi.
La denuncia, un documento de más de 500 páginas, da cuenta de casos de 35 periodistas: el del columnista saudí asesinado Jamal Khashoggi y los de 34 periodistas que han sido encarcelados en Arabia Saudí, de los que 33 continúan actualmente en prisión y entre los que se cuenta el bloguero Raif Badawi.
En Arabia Saudí, los periodistas, que son población civil según el Derecho Internacional, son víctimas de ataques generalizados y sistemáticos por razones que sirven a una política de Estado destinada a castigarlos o silenciarlos. Los cinco sospechosos identificados en la denuncia son totalmente responsables.
De conformidad con el código alemán de crímenes contra el Derecho Internacional (VStGB), la denuncia muestra que estos periodistas son víctimas de múltiples actos que constituyen crímenes contra la humanidad, entre los que se cuentan el homicidio voluntario, la tortura, la violencia y coacción sexual, la desaparición forzada, la privación ilegal de la libertad y la persecución.
Los 35 casos detallados en la denuncia revelan un sistema que amenaza la vida y la libertad de cualquier periodista en Arabia Saudí y, en particular, de aquellos que critican abiertamente al gobierno.
La denuncia identifica a cinco sospechosos principales, aparte del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, de quien se sospecha que ordenó directamente el asesinato de Khashoggi y que es el principal responsable de la persecución de periodistas.
Los otros cuatro sospechosos que figuran en la denuncia son: el asesor cercano al príncipe heredero que participó directamente en la planificación y ejecución del asesinato, así como en la aplicación de la política de persecución de periodistas en Arabia Saudí, Saud Al-Qahtani; el exsubdirector de inteligencia y sospechoso de supervisar el asesinato, Mohamed Asiri; el cónsul general en Estambul en el momento del asesinato, Mohamed Al-Otaibi y el funcionario de inteligencia Maher Abdulaziz Mutreb, quien dirigió el equipo que torturó, mató e hizo desaparecer el cadáver de Jamal Khashoggi.
Se señala a estos sospechosos principales sin perjuicio de cualquier otra persona que la investigación pueda identificar como responsable de dichos crímenes de lesa humanidad.
«Los responsables de la persecución de periodistas en Arabia Saudí, y especialmente del asesinato de Jamal Khashoggi, deben responder por sus crímenes», declaró el secretario general de RSF, Christophe Deloire: «Dado que estos graves delitos contra los periodistas se siguen cometiendo, pedimos al Fiscal alemán que actúe y abra una investigación sobre los crímenes que hemos revelado. Nadie debería estar por encima de la ley, especialmente cuando se trata crímenes contra la humanidad. La urgente necesidad de justicia no ha hecho más que demorarse».
«La apertura oficial de una investigación criminal en Alemania sobre los crímenes de lesa humanidad en Arabia Saudí sería una iniciativa pionera a nivel mundial», señala el director de RSF Alemania, Christian Mihr: «Solicitamos al Fiscal General que haga un análisis de situación con vistas a iniciar, de manera oficial, una investigación fiscal y órdenes de arresto».
RSF considera que el sistema judicial alemán es el más adecuado para presentar una denuncia de este tipo, ya que las leyes alemanas le otorgan jurisdicción sobre los principales delitos internacionales cometidos en el extranjero, y también porque los tribunales alemanes ya han demostrado su disposición y voluntad de enjuiciar a criminales internacionales.
Repercusiones españolas
Pero también hay una relación deportiva del Reino wahabí con España muy reciente. Ya hemos escrito del gesto de la ajedrecista grancanaria Sabrina Vega, quien recientemente ha recibido de las manos de los Reyes de España uno de los Premios Nacionales del Deporte 2018.
El Premio Reina Sofía es el Premio Nacional del Deporte que se entrega a la persona o institución que haya destacado durante el año por un gesto de nobleza o juego limpio en la práctica deportiva o que haya prestado una contribución especial a la eliminación de la violencia.
El motivo, no acudir al Campeonato del Mundo de partidas rápidas y relámpago que se celebró en Riad, capital de Arabia Saudí, a finales de diciembre de 2017, debido, básicamente la falta de derechos de las mujeres.
Entonces la gran maestra grancanaria declaró: «Tuve que reflexionar mucho para tomar la decisión, pero volvería a repetir lo que hice porque al final la base de todo es respetar unos valores que no conciliaban con aquella sede saudí». Un gesto que muchos han calificado de «heroico».
Es una verdadera lástima que los que lo tildan de «heroico» y elogian el gesto de la ajedrecista, callen ante lo ocurrido en la edición de enero de 2020 de la Supercopa de fútbol de España jugada en el mismo país, Arabia Saudí, meramente por una cuestión económica, a pesar de las protestas de organizaciones de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras e incluso la Federación de Sindicatos de Periodistas.
En 2021 debido a la pandemia se jugó en territorio español, en concreto, en Andalucía, pero la Federación Española de Fútbol ya ha anunciado que la competición se disputará en enero de 2022 en Yeda, Arabia Saudí, es decir fuera de casa, y sin ningún remordimiento, en casa de un asesino.
