El aumento del presupuesto español en Defensa nos hace pensar en un conflicto inminente. Pero este aumento responde a la necesidad de afrontar una deuda contraída hace años para Programas Especiales de Armamento (PEAS).
Carlos Miguélez Monroy[1]
Por el aumento del 30 % en el gasto en Defensa el próximo año, se diría que España se enfrenta a una amenaza militar inminente: oleadas de extremistas agazapados en las montañas de países vecinos con el propósito de recuperar Al Andalus, o los franceses a los que de pronto les da por consumar lo que Napoleón no pudo. Pero este aumento responde a la necesidad de afrontar una deuda contraída hace años para Programas Especiales de Armamento (PEAS).
Estos programas, creados en 1997 “para modernizar las Fuerzas Armadas”, acarrean una deuda de más de 21 000 millones de euros de los 30 000 a los que se comprometió el gobierno para la compra de más de 1500 tanques, submarinos, aviones, helicópteros y misiles. Esta deuda condicionaría los presupuestos del estado hasta que se saldara la deuda si no se pusieran en marcha soluciones alternativas.
El mandato de recortar gastos a toda costa no se aplica de la misma forma a un gasto que ni siquiera ha respondido a necesidades militares de España. Los blindados Leopardo y Pizarro, y los aviones Eurofighter (EF-2000) fueron diseñados para guerras entre países o para repeler una invasión exterior, o para zonas sin obstáculos montañosos. Por eso tienen escasa utilidad para el territorio español o para territorios donde estaban replegadas sus Fuerzas Armadas para cumplir con sus compromisos militares. Además, fueron diseñados para un contexto geopolítico que corresponde más al mundo anterior a la caída del Muro de Berlín, al desmoronamiento de la URSS y a un 11 de septiembre de 2001 que resucitó a una OTAN que parecía muerta por falta de sentido.
Así lo denuncia desde hace años el Centro de Estudios para la Paz, activo en su militancia para que se den a conocer los verdaderos gastos militares cada año. Desde antes del inicio de la llamada crisis piden un recorte en los gastos militares en favor de mayores partidas para sanidad, educación, pensiones y dependencia, los auténticos pilares de un estado de justicia social.
Los helicópteros de ataque Tigre y NH-90, los obuses, los blindados, los cazas EF-2000 y los misiles asociados apenas entraron en funcionamiento en Bosnia o en Kosovo, donde España tuvo presencia de “mantenimiento de la paz”, en Afganistán, donde ya no tiene presencia y donde han resurgido los extremismos y los talibanes, en Líbano o en República Centroafricana, donde mantiene aún algunas operaciones. El resto del material de los PEAS corresponde a submarinos y buques que sólo sirven para defender los intereses de armadores españoles que faenan en el Océano Índico.
De consumarse el aumento anunciado por María Dolores de Cospedal, la nueva ministra de Defensa, el gasto militar ascendería de 5734 millones en 2016 y a 7558 millones de euros en 2017. Son casi 2000 millones de aumento, mientras el año pasado se recortaron 1000 millones para personas dependientes. En los últimos años se han reducido las becas Erasmus para jóvenes que cursan estudios en otras universidades de Europa. Se han recortado millones en sanidad y en educación como mandan los mercados y las organizaciones supranacionales de las que forma parte España, mientras planea sobre los futuros pensionistas la amenaza de unas prestaciones a la baja después de años de trabajo y de pago de sus impuestos.
Quienes argumentan que no es sostenible el sistema de pensiones no suelen aplicar los mismos criterios para medir la sostenibilidad de unos “programas especiales” de armamento que han demostrado ser inadecuados para el contexto militar español y que conllevan una deuda que se extiende varios años.
La contradicción militar de países como España no radica sólo en lo que compra y gasta, sino también en lo que exporta. Casi la mitad de las exportaciones españolas se hacen a países de la Unión Europea y de la OTAN. Pero el resto se dirige a países que muchas veces pueden poner en peligro la estabilidad regional o que no cumplen con unos estándares mínimos de derechos humanos. Sólo el primer trimestre de 2016, España vendió 70 millones de euros en armas a Arabia Saudita, un país con problemas de derechos humanos y que, con su bombardeo a Yemen, contribuye a la falta de estabilidad en la región.
La compra y venta de armamento se convierte en termómetro de prioridades. La educación, la salud y las pensiones siempre vienen primero, sobre todo cuando no hay amenazas que justifiquen semejante despilfarro militar.
- Carlos Miguélez Monroy es periodista
