El equipo legal de Julian Assange ha formalizado una petición urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con base en Washington DC, para que este órgano solicite a la administración Trump que comunique los cargos que existen contra Assange y que están, a día de hoy, secretos.
Asimismo, pide a la Comisión que obligue a Ecuador a cesar en sus actividades de espionaje contra Assange, terminar con el aislamiento decretado a través del Protocolo Especial recientemente aprobado, y, en definitiva, que lo proteja de la extradición a Estados Unidos, por estar sustentada en una persecución política, que fue la causa del asilo político, otorgado al señor Assange en agosto de 2012 en la sede diplomática de aquel país en Londres, donde permanece desde el 19 de junio de ese año.
Baltasar Garzón, como coordinador del equipo legal de Julián Assange, ante la situación descrita, que afecta gravemente a su seguridad jurídica, como persona protegida de la persecución política de la que está siendo objeto por parte de la Administración Trump, pide, además del pronunciamiento favorable y urgente de la CIDH, “la solidaridad internacional con esta causa en la que la libertad de acceso a la información y de difusión de ésta libremente, está es grave riesgo.”
La administración Trump está negándose a revelar detalles sobre los cargos contra Assange, a pesar de que fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado a Associated Press y al New York Times que ha sido acusado en secreto.
“La revelación de que Estados Unidos ha abierto una investigación contra el Sr. Assange ha conmocionado a la comunidad internacional”, alega el escrito presentado. El Gobierno estadounidense “es requerido para que proporcione toda la información sobre los cargos imputados al Sr. Assange”, añade.
La petición revela que, en los últimos meses, los fiscales federales estadounidenses han contactado a personas en Estados Unidos, Alemania e Islandia para presionarles con el objetivo de que testifiquen en contra de Assange a cambio de inmunidad en el proceso.
Esos acercamientos están relacionados con las publicaciones de Wikileaks sobre la diplomacia estadounidense, Guantánamo, las guerras de Irak y Afganistán. El esfuerzo de publicación conjunta entre Wikileaks, el New York Times, McClatchy, The Guardian, The Telegraph, el británico Channel 4, Al Jazeera, The Bureau of Investigative Journalism, Der Spiegel, Le Monde, El Pais, The Hindu, y Reuters entre otros, ganó numerosos premios periodísticos y supuso la creación de un modelo colaborativo usado en filtraciones posteriores como las de los Panama Papers.
Todo esto es una muestra de la intensificación de los esfuerzos de la Administración Trump en contra de Assange en el Gran Jurado que contra Wilileaks se abrió en 2010 en el Distrito Este de Virginia, explica la petición.
Añade que la Administración Trump, que ha sufrido filtraciones de información clasificada en sus dos primeros años, está estableciendo un peligroso precedente que le permitiría ir contra el New York Times y otras cabeceras nacionales en el futuro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá intervenir si considera que las acciones de Estados Unidos y Ecuador dan lugar a una situación grave y urgente que causaría un daño irreparable a Julián Assange, y la petición identifica una serie de obligaciones legales que Estados Unidos y Ecuador están incumpliendo en cuanto al tratamiento de Assange, sostiene el equipo legal.
Los abogados tienen evidencias que acreditan que la Administración Trump intenta presionar a Ecuador para que entregue a Assange, y destacan que importantes figuras políticas estadounidenses habrían remitido graves amenazas contra Ecuador, a diferencia de las amenazas veladas que habían hecho con anterioridad.
Estas presiones se han incrementado significativamente desde que Wikileaks publicó los documentos “Vault 7” de la CIA –la filtración más grande sobre información clasificada de la CIA, los cuales según el gobierno estadounidense fueron facilitados por el oficial de la CIA, Joshua Schulte-.
La petición también muestra las operaciones de espionaje contra Julián Assange en la embajada de Londres, donde el Gobierno de Ecuador contrató unos servicios de seguridad especializados que, lejos de trabajar en defensa del asilado, habrían derivado hacia el espionaje del mismo y el de aquellos que le visitaban. Estos servicios de información que han estado actuado como informantes de las autoridades estadounidenses, específicamente para el FBI, según informan algunos medios de comunicación.
Entre las graves acciones denunciadas por la petición está la orden de Ecuador de aislar al Julián Assange, dificultando e impidiendo en ocasiones que este tenga acceso a la visita de sus abogados, afectando a su derecho a la defensa: “Ecuador está obligado a poner fin al régimen de aislamiento impuesto al Sr. Assange, y suspender la aplicación del llamado Protocolo Especial y garantizar que sus derechos como asilado son respetados”, indica la petición.
En el mes de diciembre, el New York Times publicó que Lenin Moreno, presidente de Ecuador, intentó negociar la entrega de Assange a cambio de una “disminución de la deuda”.
En cuanto a los Estados Unidos, la petición establece las graves consecuencias para la libertad de prensa que representa el proceso judicial secreto abierto en Estados Unidos contra Assange y Wikileaks, un ataque sin precedentes al derecho a publicar información veraz.
El mes pasado, otro organismo internacional, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Detenciones Arbitrarias y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos pidieron a todos los estados que implementaran las conclusiones del Grupo de Trabajo de comienzos de 2016 para conseguir la liberación del Assange, añadiendo que: “Es hora de que el Sr. Assange, quien ya ha pagado un alto precio por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión, expresión e información, y la promoción del de derecho a la verdad en favor del interés público, recobre su libertad”.
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