Expertos en libertad de expresión de la ONU y del Sistema Interamericano manifiestan su condena por los reiterados ataques, allanamientos y formas de censura contra periodistas y medios independientes en Nicaragua y llaman de manera urgente al Estado a cesar toda forma de hostigamiento y persecución y garantizar la labor de los periodistas, informa la CIDH.
De acuerdo con la información aportada a la Comisión Interamerica de Derechos Humanos por parte de medios de comunicación, periodistas y activistas en Nicaragua, el Estado ha puesto en marcha diversas medidas y acciones represivas para hostigar al periodismo independiente que informa sobre la represión contra manifestantes, estudiantes y defensores de derechos humanos desatada desde el 18 de abril, y sobre la actual crisis política del país.
«La situación de la libertad de expresión en Nicaragua es sombría, debido a las agresiones, censura y persecución policial y de elementos parapoliciales contra la prensa», indicaron Edison Lanza y David Kaye.
Durante las protestas, el periodista Ángel Gahona fue asesinado mientras cubría una manifestación en Bluefield. Desde entonces decenas de comunicadores han sido objeto de agresiones físicas, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, vigilancia por parte de cuerpos de seguridad estatal y elementos parapoliciales, así como despojo, robo o destrucción de sus equipos.
«Es grave la situación que enfrentan periodistas y directivos de medios como La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12 y el equipo periodístico de Canal 10 de Nicaragua, entre otros, víctimas de constante acoso y amenazas», explicó Lanza. De hecho, ayer jueves 13 (de diciembre de 2018), las oficinas del medio digital Confidencial y del programa televisivo Esta Semana y Esta noche fueron allanadas violentamente por la policía; el director del medio, Carlos Chamorro, informó de que decomisaron equipos de trabajo, archivos digitales y documentación.
Por otra parte, al menos seis medios televisivos fueron censurados durante los primeros días de las protestas, y más recientemente el gobierno intentó restringir o silenciar al canal 100% Noticias y controlar la agenda informativa del programa «Acción 10» del Canal 10. «El uso de las facultades administrativas o medios indirectos por parte del estado para intentar censurar o restringir el alcance de los medios de comunicación es inaceptable y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión», advirtió Kaye.
Los expertos también manifestaron su alarma «frente al discurso que pretende vincular a quienes el Gobierno percibe como opositores, entre ellos algunos periodistas, con actos de instigación a la violencia o terrorismo».
