Este 26 de septiembre de 2020 se cumplen seis años desde que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzosamente por fuerzas de seguridad en el estado de Guerrero, México, y aunque se han hecho avances importantes en la investigación, aún queda mucho que hacer para esclarecer los hechos y saber el paradero de los estudiantes, analizan Maureen Meyer y Moses Ngong para Wola.
Mientras las familias de los estudiantes marcan seis años sin verdad y justicia, urge que el gobierno mexicano amplíe sus esfuerzos para buscar a los estudiantes, investigar a los responsables por su desaparición, y asegurar que rindan cuentas los responsables por la obstrucción de la justicia en el caso.
Un nuevo gobierno con un nuevo enfoque
Durante su campaña, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que la justicia para los estudiantes de Ayotzinapa sería una prioridad para su gobierno. En su tercer día en el cargo estableció la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia para el caso de Ayotzinapa, encargada de supervisar la investigación. La Comisión está liderada por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con miembros de las familias de los estudiantes y sus representantes legales. Además, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, estableció una unidad especial enfocada en la investigación, liderada por Omar Gómez Trejo y un equipo de fiscales.
Desde el establecimiento de estas entidades en 2019, se han visto avances importantes en el caso. En marzo de este año, la unidad de la FGR emitió órdenes de aprehensión contra cuatro funcionarios públicos y un exmarino por tortura y obstrucción de justicia en la investigación; cuatro de los cinco acusados se encuentran actualmente detenidos. Estos cargos, el arresto en junio de un líder de Guerreros Unidos, el grupo criminal involucrado en la desaparición de los estudiantes, y la emisión de órdenes de aprehensión en contra de 46 funcionarios municipales de Guerrero, han dado impulso significativo a la investigación.
Todavía hay una orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón, quien encabezaba la Agencia de Investigación Criminal del entonces Procuraduría General de la República (PGR) cuando los estudiantes fueron desaparecidos. Zerón está implicado en la supervisión de los equipos responsables de haber torturado a detenidos en el caso, así como la desaparición forzada, la alteración de la escena del crimen y la manipulación de pruebas. Se cree que se encuentra en Israel y el gobierno mexicano ha alertado al gobierno israelí para que solicite su arresto y extradición.
Otro ejemplo del mal manejo de la investigación durante el gobierno de Peña Nieto es que, hasta la fecha, 78 personas detenidas en el caso han sido liberados debido a irregularidades en su detención y fallas en el debido proceso, incluyendo abusos graves como la tortura. Esto significa que las autoridades han puesto en libertad a varias personas que probablemente pueden dar más información sobre lo que pasó a los estudiantes. Los casos contra otros detenidos podrían desmoronarse por razones similares.
La unidad especial de la FGR también debe seguir investigando el papel de otros funcionarios del gobierno en la desaparición de los estudiantes, como el ejército y policías federales y estatales. Para establecer una comprensión clara de lo que sucedió hace seis años, la FGR tiene que garantizar que la unidad especial tendrá la independencia y los recursos que han sido críticos para su éxito hasta el momento.
La FGR también ha estado liderando esfuerzos con la Comisión Presidencial y otros actores para buscar el paradero de los estudiantes, descubriendo fragmentos óseos adicionales que fueron enviados por análisis a la Universidad de Innsbruck en Austria. Estos esfuerzos resultaron en la identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, la primera identificación de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en cinco años. Estos restos no fueron encontrados en el lugar donde los funcionarios de Peña Nieto afirmaron que los estudiantes fueron asesinados, una prueba más de que la investigación original de la PGR estuvo teñida de irregularidades y mentiras.
La Comisión Presidencial también continúa coordinando la asistencia técnica brindada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha sido muy importante para el caso.
Mirando hacia adelante
En una buena señal de apoyo, el presidente López Obrador continúa reuniéndose con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa para escuchar sus inquietudes y brindar información sobre los avances en la investigación y los esfuerzos de búsqueda. En la última reunión del 11 de septiembre 2020, López Obrador manifestó que las actualizaciones entregadas a las familias en esa reunión se darán a conocer públicamente en la fecha que oficialmente se cumplen seis años desde su desaparición, el 26 de septiembre.
Los avances en la investigación se deben al esfuerzo continuo de las familias de los estudiantes, las organizaciones que los acompañan, el fiscal especial Omar Gómez, y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Justicia, además del compromiso del presidente. El caso ilustra cómo los recursos y la voluntad política pueden empezar a producir resultados para las familias de personas desaparecidas. Aun así, este caso de alto perfil enfrenta muchos desafíos para brindar respuestas sobre lo que sucedió a los estudiantes, así como investigar y enjuiciar a los responsables.
Aunque el gobierno ha creado nuevos mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y para la identificación de restos, los recursos invertidos hasta este momento no son suficientes para enfrentar los desafíos que enfrenta México.
Los avances en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos son importantes, pero el gobierno mexicano no puede olvidar el hecho de que este caso ocurrió en el contexto de una crisis de desapariciones más amplia en el país. Las familias de todas las víctimas de desapariciones merecen la misma verdad y justicia que el gobierno busca ofrecer a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente hace seis años.
