FACUA-Consumidores en Acción considera un escándalo las multimillonarias ayudas que el Gobierno de España otorgó ilegalmente en 2011, en forma de deducciones fiscales, a las mayores empresas españolas -Telefónica, Banco Santander e Iberdrola, entre otras- al tiempo que aprobaba la reforma fiscal que ha provocado que cerca de cinco millones de ciudadanos se encuentren sin empleo y cuando empezaron los recortes en sanidad y educación.
En un comunicado, la asociación exige al Ejecutivo que «deje de mirar para otro lado ante los fraudes que estas empresas cometen contra los consumidores y ante los graves problemas que los ciudadanos tienen que enfrentar por sus nefastas decisiones», como el drama de los desahucios, la pobreza energética, la falta de créditos, etc.
FACUA recuerda que las multinacionales implicadas representan a los tres sectores más denunciados por los consumidores españoles: telecomunicaciones, banca y eléctricas. Telefónica Movistar es una de las empresas españolas con más denuncias por parte de los usuarios por sus abusos y fraudes a través de ofertas engañosas e incumplimientos contractuales. Según ha informado El País, tan sólo en el caso de esta empresa, el importe de las deducciones que pudo recibir tras la compra de la brasileña Vivo asciende a cuatro mil millones de euros.
Por su parte, Iberdrola, la principal empresa de generación eléctrica del país, sigue impasible ante los cientos de miles de familias a las que corta la luz por su incapacidad de hacer frente al pago de las facturas. Además, es una de las responsables de la brutal subida tarifaria de la última década y recientemente ha sido expedientada por Competencia por posible alteración fraudulenta de los precios.
En el caso de Banco Santander, es responsable junto a Bankia, BBVA y La Caixa del 59 % de las cientos de miles de ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo desde 2011. Además, señala Facua, ideó el «macrofraude relacionado con la venta de Valores Santander», un producto similar a las acciones preferentes de otras entidades, que ha perjudicado a cerca de 130.000 consumidores desde 2007.
La Comisión Europea obliga al Gobierno, tras un expediente iniciado en 2013, a recuperar los miles de millones de euros que las grandes empresas dedujeron tras la adquisición de compañías extranjeras. El Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió en marzo de 2012 aprobar estas ayudas con carácter retroactivo y pese a que estaba terminantemente prohibido por la Unión Europea.
Tras la decisión de la Comisión, que será efectiva el próximo miércoles, el Gobierno está obligado a indicar el importe y número exacto de empresas beneficiadas.
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