La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha instado a valerse del diálogo en Ecuador para prevenir conflictos y crear una sociedad más inclusiva, y sostiene que las autoridades deben investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos tras conocer el informe de una misión de su Oficina que visitó ese país por invitación del Gobierno.
La misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitó Ecuador del 21 de octubre al 8 de noviembre de 2019 para recopilar información de primera mano e identificar posibles abusos a las garantías fundamentales cometidos durante las protestas debidas al anuncio de un paquete de austeridad que incluía la eliminación del subsidio al combustible y una serie de medidas económicas y fiscales.
Al hacerse públicas las conclusiones de ese equipo, Michele Bachelet declaró este viernes 29 de noviembre de 2019 que los disturbios tuvieron un alto costo humano: “Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, subrayó.
Según los datos recabados, durante los once días de disturbios sociales (del 3 al 13 de octubre de 2019), al menos nueve personas murieron y 1507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1382. Hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente.
Bachelet instó a todos los actores de la sociedad ecuatoriana a dialogar para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica.
Violencia e investigaciones
Asimismo, pidió desarrollar investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos – incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias – y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las manifestaciones.
La Alta Comisionada reconoció que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones respectivamente, pero hizo hincapié en que deben indagarse las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves.
Además, recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales.
Algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar y ejercer actos violentos. Disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo se usaron para mostrar descontento. Según datos gubernamentales, más de cuatrocientos agentes de la policía y militares fueron retenidos contra su voluntad, y en varios casos fueron sometidos a vejaciones y malos tratos.
La sociedad civil, por su parte, reportó más de cien agresiones a periodistas, tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes, e indicó que fue cortada la señal de algunos medios de comunicación.
Bachelet insta a las autoridades a abstenerse de hacer declaraciones o emprender acciones que estigmaticen a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para evitar exponerlos a riesgos adicionales.
Detenciones
Con respecto a las presuntas detenciones arbitrarias, los arrestos masivos y las denuncias de tratos crueles y falta de debido proceso, Bachelet consideró que el Gobierno debería velar porque a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto.
“Por la misma razón, quienes sí han sido imputados deberían obtener un juicio justo y un trato acorde a la normativa internacional”, afirmó la Alta Comisionada, que también pugnó por la reparación de las víctimas.
Participación de todos los sectores
En cuanto a las causas de la crisis, la Oficina de la Alta Comisionada recomendó al Gobierno que promueva una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos y vele porque ésta sea implementada.
Aseveró que la discriminación histórica y persistente contra los pueblos indígenas constituye una barrera que dificulta la eliminación de las desigualdades económicas estructurales y destacó la necesidad de que el Gobierno reconozca y aborde este problema con eficacia.
“La desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro”, declaró Bachelet. “Es sumamente importante que la sociedad en su conjunto, con el liderazgo del Gobierno, emprenda la búsqueda de vías que lleven a la comprensión mutua, con miras a construir una sociedad integradora, pluricultural y pacífica”.
Finalmente, la Alta Comisionada agradeció a las autoridades ecuatorianas que permitieran el escrutinio internacional y que las instituciones del Estados colaboraran con la misión.
El equipo de la Oficina se entrevistó, con funcionarios gubernamentales de alto nivel y con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios, así como con testigos y víctimas de la violencia.
