Aung San Suu Kyi, dirigente birmana detenida tras el golpe militar del pasado 1 de febrero de 2021, compareció por videoconferencia este 1 de abril 2021 ante un tribunal de Naypyidaw, la capital del país, acusada de violar una ley sobre secretos de estado que data de la época colonial, según información de France Télevisions.
Según el equipo de abogados que se ocupa de su defensa, y que consiguió verla la víspera, también por vídeo y con vigilancia policial, «ha pedido una reunión privada con sus abogados para poder darles instrucciones para la defensa y discutir el caso sin injerencias policiales o del ejército». La próxima audiencia ha quedado fijada para el 12 de abril.
Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991, hija del líder de la independencia birmana Aung San, asesinado cuando ella tenía dos años, quedó en libertad en 2010 tras permanecer detenida y en residencia vigilada durante más de veinte años por la anterior Junta Militar.
En 2015 ganó unas elecciones pero la Constitución le impidió presidir el país, por lo que pasó a ocupar la cartera de Asuntos Exteriores y a ocupar los cargos de consejera del gobierno y portavoz de la Presidencia, lo que le ha hecho merecedora de la crítica internacional por su actitud de indiferencia ante la represión que la minoría rohinyá lleva años sufriendo en Birmania.
Aung San Suu Kyi está acusada también de «incitar alteraciones del orden público», así como de haber recibido más de un millón de dólares y once kilos de oro en sobornos, delitos por los que podrían condenarle de nuevo a largas penas de cárcel.
En otro orden de cosas, las autoridades militares que han implantado una nueva dictadura en Birmania han ordenado la suspensión en todo el país de las conexiones inalámbricas de Internet «hasta nueva orden», lo que podría paralizar la comunicación digital de todo el territorio, donde muy pocas familias disponen de línea fija.
Una declaración de la ONU de este 1 de abril 2021, encabezada por Lituania, Francia y Grecia, denuncia «el corte de Internet y los ataques contra varios medios de comunicación del país».
En lo que Amnistía Internacional (AI) ha calificado en un comunicado como «el fin de semana más letal desde el golpe de estado», las fuerzas de seguridad mataron a más de cien personas tan solo el sábado 27 de marzo, Día de las Fuerzas Armadas en el país donde, «mientras la Junta Militar organizaba un importante desfile en la capital, los manifestantes eran reprimidos en un baño de sangre».
A fecha de hoy, el balance de muertos en las manifestaciones contra el golpe de estado asciende a 535, y entre ellos hay muchos estudiantes, adolescentes e incluso niños, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), a los que se añaden cientos de personas detenidas en secreto y desaparecidas.
Tras este terrible balance, AI recuerda que más de cincuenta millones de habitantes son rehenes de la Junta Militar, están sometidos a detenciones arbitrarias y a una vigilancia generalizada, por lo que «viven con el miedo a ser asesinados o torturados».
En una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada a puerta cerrada el miércoles 31 de marzo, Christine Schraner Burgener, emisaria de Naciones Unidas para Birmania advirtió del « peligro de guerra civil a un nivel sin precedente» y pidió que se «pusieran todos los medios disponibles para evitar una catástrofe multidimensional en pleno corazón de Asia».
