Juzgada a puerta cerrada y por videoconferencia en menos de una hora, y sin presencia de su abogado, el pasado martes 16 de febrero de 2021 la ex consejera de estado de Birmania Aung San Suu Kyi ha respondido ante el tribunal de la localidad de Naypyidaw de una acusación de violación de la ley de gestión de catástrofes naturales, por haber estado en contacto con la multitud en plena pandemia del coronavirus.
Todavía tiene pendiente otra acusación por importar ilegalmente seis walkies-talkies y otros objetos que encontraron en su domicilio cuando, el pasado 1 de febrero, la detuvieron al alba las tropas del general Min Aung Hlaing.
Las mismas acusaciones pesan también sobre el expresidente de Birmania, Win Myint, igualmente detenido el 1 de febrero. Según el diario New York Times, ambos pueden ser condenados a seis años de cárcel.
El corresponsal del diario francés Libération explica en una crónica que a pesar de ser «la gran ausente», Aung San Suu Kyi se encuentra en todas partes: «en las camisetas, en lan pancartas de los manifestantes y en las del movimiento de desobediencia civil que invadió masivamente el miércoles las calles de Rangún y Mandalay».
Khin Maung Zaw, el abogado de Aung San Suu Kyi, quien no pudo asistir a la vista porque no había acudido el fiscal, explicó a los periodistas concentrados en la puerta que está prevista otra audiencia el próximo 1 de marzo, y que piensa que todo el proceso puede durar seis meses, o incluso un año.
Khin Maung Zaw, quien dispone de poco tiempo para preparar la defensa, cree que podrá desmontar la acusación de importación ilegal ya que los walkies-talkies fueron puestos a disposición de la «dama de Rangún» por el Ministerio del Interior –controlado y dirigido por el ejército- para que los utilizara su equipo de seguridad: «Es lo que primero que voy a plantear al tribunal- ha dicho- Veremos cómo responde».
