Mujeres y pueblos indígenas de varias regiones de Bolivia resisten el avasallamiento de tierras, la destrucción de bosques y la extracción de recursos naturales que afectan a su entorno de vida y mientras se advierte la ausencia de autoridades que respalden la defensa de sus derechos, informa Franz Chávez (IPS) desde La Paz.
Hay una natural relación entre la mujer y su apego a la tierra, al entorno natural, al agua clara y los alimentos libres de contaminación, coincidieron en afirmar las personas entrevistadas por IPS que lideran la defensa de territorios originarios de sus comunidades indígenas.
Un recuento de datos del último año elaborado por IPS con base en diversas fuentes periodísticas, describe que al menos ocho de los nueve departamentos de Bolivia tienen presencia de empresas y mineros cooperativistas que están en conflicto con comunidades y pueblos indígenas que denuncian la contaminación de fuentes de agua y ríos, daño a tierras de cultivos y pastoreo.
Bolivia es un país con una superficie geográfica de un 1.099.000 kilómetros cuadrados y está localizado en el centro de Sudamérica.
La geografía de este país altiplánico y amazónico comprende la región andina, con 28 por ciento del territorio, la zona intermedia de valles y yungas, con 13 por ciento, y las llanuras que conforman la Amazonia boliviana y que abarcan 59 por ciento del total.
Entre los recursos naturales que abundan en gran parte del territorio se destacan el monocultivo de la soja, junto con el oro, la plata, el estaño, el litio y el gas natural, que entró en fase de declinación productiva.
Una virtud: defender la vida
La mujer percibe «los riesgos, los cambios en la comunidad, se preocupa por la seguridad de la familia, los niños y por los recursos como el agua», explicó a IPS Ruth Alipaz, la lideresa del pueblo uchupiamona, asentado en el municipio de San Buenaventura, en el occidental departamento de La Paz.
Recordó que son ellas las que atienden sus hogares, cocinan y cuidan a sus hijos. «Para la mujer es esencial el agua y cuando la ven afectada» asumen la defensa de «su vida, la vida de sus hijos y la defienden no solo para su comunidad», comentó Alipaz.
En su memoria guarda la lucha librada por las mujeres indígenas Paula Gareca y Jenny Meza, ambas de la zona protegida de Tariquía, ubicada en las provincias Arce, Cercado, O\’Connor y Gran Chaco, del departamento sureño de Tarija, donde lideraron marchas contra empresas petroleras interesadas en la exploración de reservas de gas natural.
La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía alcanza a 246.870 hectáreas, fue creada en 1989 y la superficie comprometida para la exploración de hidrocarburos asciende a 128.083 hectáreas, lo que representan 52 por ciento del área protegida.
Los contratos firmados entre las estales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la brasileña Petrobras comprenden operaciones en las zonas conocidas como San Telmo Norte, San Telmo Sur, Churumas y Astillero, todas dentro del área protegida.
En el corazón de esta reserva natural habita una de sus defensoras, Lourdes Zutara, junto a su esposo e hijos, y desde allí habló con IPS.
«A nosotras las mujeres nos motiva proteger, resguardar y salvar la vida, y por eso tomamos la iniciativa» de defender la ecorregión. «No quiere decir que los varones no estén involucrados, ellos están ahí para poner su granito de arena», dijo la lideresa, de 45 años.
La tierra como fuente de seguridad para la familia
Zutara asume que las mujeres son la «cabeza de defensa del territorio» porque «necesita el agua libre de contaminación para preparar los alimentos, y se preocupan por el bienestar de toda la familia».
Esta lideresa comenzó su lucha hace siete años y admite que aún no consiguieron suspender los proyectos, anular los decretos y contratos que autorizan la exploración hidrocarburífera en la zona.
La comunidad indígena Totoral Chico, situada en el municipio Pazña, en la provincia Poopó, del departamento occidental de Oruro, fue invadida en abril por hombres y mujeres de la empresa minera boliviana Salvada Sociedad Colectiva, y varias familias fueron obligadas a abandonar sus tierras originarias.
Los espacios de cultivo y pastoreo fueron tomados, según denunció la secretaria general de la comunidad, Sorayda Ventura. «No queremos a la minería», resumió a IPS desde su comunidad.
«Nos están echando de nuestras tierras, han hecho desaparecer las fuentes de agua, los manantiales se han secado, no tenemos riego», denunció la responsable del Consejo de Justicia del Cañadón Antequera, Guadalupe Fernández, en referencia a las acciones de los mineros en la misma región altiplánica de Oruro.
Unos nueve pueblos indígenas, entre ellos aymaras, mosetenes, uchupiamonas, esse ejjas, tacana, lecos y tsimanes, distribuidos en regiones del altiplano, valles y zonas semitropicales y tropicales, sufren agresiones de empresas mineras, cooperativistas del oro y empresas ilegales, según denuncias recopiladas por IPS en el último año.
Bolivia tiene una población estimada en doce millones de personas, y el censo del año 2012 determinó que 41 por ciento asume su pertenencia a naciones y pueblos indígenas originarios o campesinos, así como afrobolivianos.
De ese porcentaje, la mayoría de habitantes son quechuas, con 1,8 millones, seguidos de los aymaras con 1,5 millones.
Codicia por los minerales
De los datos difundidos ampliamente en las denuncias de las comunidades afectadas se obtiene que entre los minerales que alientan la extracción descontrolada están el oro, la plata, la scheelita (wolframio y cadmio), el plomo, el zinc y el cobre.
La explotación y comercialización de los minerales generaron ingresos por exportaciones de 5665 millones de dólares en el año 2023, según cifras preliminares del Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE).
Lideraron las ventas al exterior de Bolivia, relegando al segundo lugar a los hidrocarburos, con 2124 millones de dólares.
En esta vorágine contra los recursos naturales, en que tienen papel destacado los mineros furtivos o informales de desordenadas y descontroladas explotaciones auriferas, el protagonismo de las mujeres en la defensa de territorios tiene una clara explicación para la socióloga Lina Gutiérrez.
«Desde el embarazo la mujer adquiere un instinto maternal y de protección. Ya no piensa solo en ella, lucha por su familia, por dar un pan y techo a sus hijos. Ellos le dan la fuerza, la vitalidad y el aliento de lucha», comentó a IPS en La Paz, capital política del país.
La especialista coincide con Alipaz y Zutara al señalar que las madres se ocupan de la crianza de los hijos, de la conservación de la casa, de la alimentación y otras tareas más, y que «de allí surge la fuerza que la motiva a enfrentarse a cualquier situación que atente contra la paz de su hogar, su familia y su comunidad».
«Hemos analizado cómo vendemos en los pueblos indígenas nuestro futuro por el pan de hoy, pero ya no pensamos hacia el futuro. Eso conlleva que hemos perdido los principios y valores culturales, gracias a esta mirada de modernidad de la minera, que te va a construir una casa, que te vas a poder comprar un carro (vehículo), como que te ha seducido».
Con esas palabras describió la crítica situación una mujer indígena a los investigadores del estudio titulado «Defensoras, experiencias ambientales y del territorio en Bolivia», publicado a fines de abril.
El estudio, elaborado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), destaca que desde el gobierno mantiene un discurso aparentemente protector y respetuoso de los territorios y la soberanía de los pueblos promoviendo conceptos como el respeto a la Madre Tierra, a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Pero con esa narrativa mediática, en las esferas oficiales, los sectores sociales y las oenegés afines al gobierno, «se elude la pérdida de soberanía sobre los territorios, se estigmatiza y difama a quienes piensan y denuncian lo contrario», concluye el informe.
