Hace casi dos años y medio, decíamos en esta misma publicación que «los últimos ataques contra las instituciones democráticas de Brasil no anuncian ningún recorrido fácil. Ni para la presidencia de Lula, ni para Marina Silva».
Ahí sigue todo. Se incrementa el acoso político contra la Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, conocida por su lucha coherente contra la deforestación de la Amazonía. En 1996, Silva recibió el Premio Goldmann que es considerado una especie de Premio Nobel medioambiental.
Ya ocupó el mismo cargo en la anterior presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva, cuando –entre 2003 y 2008– logró reducir un 80 por ciento la salvaje deforestación de la selva amazónica. Dimitió en 2008 por discrepancias con Dilma Rousseff, que en aquel tiempo era ministra de Minas y Energía. Luego, salió del partido de Rousseff y Lula, aunque con su nueva formación política se haya reintegrado en el gobierno de Brasil.
Para ella, estaba claro que las ideas y la trayectoria medioambiental de Lula resultaban menos fiables de lo que podría indicar su recorrido político y sindical, su lucha por la igualdad social.
El nuevo impulso de la industria del petróleo, con el acercamiento de Brasil a la OPEP y su implicación en la llamada OPEP+, es contradictorio con sus planes de reducción del deterioro de la Amazonía.
También ese acercamiento al lado oscuro saudí fue descrito aquí en diciembre de 2023 refiriéndonos a las contradicciones de dos de sus ministros: «en el gobierno de Lula da Silva –decíamos– conviven dos almas. Seguramente una está encarnada por su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y la otra por Marina Silva, ministra de Medio Ambiente».
La ambición de los explotadores de la jungla amazónica se extiende también hacia la sabana del amplio territorio del Cerrado, extensas zonas amenazadas por carreteras nuevas y por planes de desarrollo que diversos grupos ecologistas consideran brutales.
Mientras, Lula se mantiene en la esfera internacional sin gran pérdida de prestigio, a pesar de varias ambigüedades estratégicas, como sus titubeos entre Ucrania y Rusia, o sus relaciones con las petromonarquías de Oriente Medio.
Políticos bolsonaristas intentan contrarrestar los procesos judiciales del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, que implican claramente al expresidente Jair Bolsonaro, creando escándalos y atacando duramente –entre otras– la figura de Marina Silva. Ésta sufre una presión casi insoportable.
Recientemente, en la sede del Senado brasileño le cortaron la palabra, impidieron sus respuestas y fue insultada, sin que algunos de sus compañeros de coalición gubernamental reaccionaran. Algunos incluso mantuvieron una actitud no muy distinta a la de sus adversarios.
Marina Silva ya pasó por situaciones similares en otros periodos. Es casi un objetivo histórico de campañas de difamación y bulos, también por su propia resiliencia como personaje público atípico: analfabeta hasta la adolescencia, se define como feminista y progresista, pero es contraria al aborto, aunque partidaria de un referéndum sobre ese tema. Es una excatólica pasada al evangelismo. Aunque el odio a Marina Silva tiene otros componentes: también el racismo y la misoginia.
Desde luego, esos ataques enormes tienen su origen asimismo en los intereses de conglomerados depredadores del medio ambiente. Su trayectoria es larga desde su infancia. Sin saber leer ni escribir, Marina Silva, se crió trabajando en una familia de recolectores de caucho (seringueiros). Después, aún muy joven, inició luchas de defensa del medioambiente y de los trabajadores que la llevaron a relacionarse –en tiempos de la dictadura militar– con Lula da Silva y su Partido de los Trabajadores.También con el líder campesino Chico Mendes, asesinado a tiros por dos ganaderos y terratenientes en 1988.
En la mencionada, reciente y turbulenta sesión del Senado sufrió todo tipo de ataques. Alguien le gritó que no tenía allí su lugar, insinuando que debería estar en la cocina de su casa. Ella respondió que su lugar estaba con la democracia y la defensa de la biodiversidad, en la lucha contra todas las desigualdades. «Lo que es inaceptable es que alguien crea que por ser mujer, negra y por tener orígenes humildes, no tengo lugar en la política. Mi lugar está donde están todas las mujeres», respondió.
Lula la ha defendido personalmente, pero sus últimas respuestas ante los enemigos de las políticas medioambientales han sido tibias. La complicada composición de su coalición de gobierno, incluso la relación de miembros de su propio partido con la minería y la industria agroalimentaria, debilitan su posición.
Un elemento central de la actual y agria polémica de Brasil es la prevista exploración de crudo en la zona de Foz do Amazonas, que ronda lo que podríamos definir como la mayor zona de biodiversidad del planeta.
Ese incremento de la exploración de petróleo en la desembocadura del Amazonas es un proyecto de Petrobrás, empresa mixta (pública-privada), vital para un país que es el octavo productor de petróleo del mundo.
Lula da Silva tiende a alinearse con las autoridades locales y regionales favorables a su explotación, en función de los cálculos del empleo… y de los votos. Se trata de proyectos aplazados durante años por sus riesgos medioambientales.
El Senado brasileño acaba de aprobar una legislación que elimina protecciones ecológicas previas, que hasta hoy ha utilizado la ministra Marina Silva para contrarrestar los planes de construcción de autopistas y grandes embalses, así como otros megaproyectos. Una victoria para los directivos y accionistas de las grandes empresas que los promueven.
El presidente Da Silva puede vetar la nueva legislación, pero su ambigüedad ante esos temas no lo hace probable. Apoya la exploración petrolífera en la costa amazónica, además del ferrocarril y de la gran ruta por carretera BR319, que enlaza Manaos y Porto Velho (unos 900 kilómetros por el interior de la Amazonía). Una autopista que no se llegó a construir y que fue abandonada hace décadas. Para algunos sería una herida casi mortal de la Amazonía, para otros –como el presidente– Brasil no puede permitirse dejar de concluir ese viejo proyecto.
El final de esa BR319 es precisamente Porto Velho, con medio millón de habitantes, urbe que fue llamada en medios de prensa en 2024 «la ciudad sin sol», porque el humo de los incendios en la jungla lo tapó durante semanas o incluso meses. Porto Velho ha sufrido niveles de polución superiores a ciudades como Sao Paulo o Delhi.
Los incendios son provocados por quienes promueven la multiplicación de las extensiones de cultivos de soja o las praderas para el ganado.
Desde su posición, Lula quiere encabezar la transición ecológica de su país y la de los países más pobres del planeta, mientras por otro lado no deja de apoyar proyectos petrolíferos y del extractivismo tradicional, que justifica basándose en motivos sociales.
El período que va desde hoy hasta la COP-30, la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre de 2025 en la ciudad brasileña de Belém (Belén), podría no ser el tiempo más propicio para afrontar dichas tensiones. Lula tiene la salud más débil que en el pasado y se ve obligado a lidiar con una oposición extrema y con una cierta desconfianza que parece crecer en sus propias filas.
Se presenta como capaz de dialogar con Rusia y Ucrania a la vez, lo mismo que con las petromonarquías de Oriente Medio y con los grupos indígenas preocupados por su supervivencia ante el cambio climático y los destrozos de la Amazonía. Capaz también de flirtear con la industria del petróleo y con quienes se oponen a la ofensiva de los intereses negacionistas del cambio climático liderados por Donald Trump. Hay que desearle suerte, porque quizá se trata de cuadrar un círculo imposible, incluso en su propio gobierno.
