Un total de 17.456 bebes nacidos vivos en Brasil tenían como madres a niñas de diez a catorce años en 2021. Las cifras anuales están bajando, pero aún exponen el drama de la niñez arruinada y las fallas de jueces y médicos en la cuestión del derecho al aborto, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Los datos del Sistema de Informaciones sobre Nacidos Vivos (Sinasc) del Ministerio de Salud cifran en 252 786 las parturientas de esas edades en la década 2010-2019, recopiló la Red Feminista de Salud. Es decir un promedio anual de 25.278.
Esa violencia dejó de ser invisible desde 2020, al estallar una serie de escándalos de niñas a las que se las impedía abortar por jueces, hospitales e incluso autoridades como la entonces ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022|), de extrema derecha.
En Brasil el aborto es legal en casos de violación, riesgo de muerte de la embarazada y fetos anencefálicos. Es también un derecho incuestionable de las niñas de hasta catorce años, ya que todas son legalmente víctimas de violación y sus abusadores se enfrentan a penas de ocho a quince años de prisión.
Pero hubo jueces, incluso en la instancia de apelación, que fallaron en contra de la interrupción del embarazo en niñas que tenían diez u once años.
En la base de esa iniquidad está la criminalización social del aborto, para la que contribuyen muchos religiosos que identifican «el aborto como asesinato, crimen repulsivo», lamentó Clara Wardi, asesora técnica del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea), con su sede central en Brasilia.
Moralismo contamina Estado
«El estigma es fuerte, en la cultura, en la familia, incluso en las escuelas. Por eso las niñas desisten de la opción del aborto, aunque sea legal. Y hacerlo clandestinamente sale caro y es riesgoso», observó a IPS desde Petrópolis, la ciudad cercana a Río de Janeiro donde vive.
Muchos médicos alegan «objeción de conciencia» para negar la práctica del servicio, lo que obliga las niñas a una «peregrinación» en busca de sus derechos en otros hospitales e incluso en la Justicia.
Pese a todo, una encuesta de Cfemea, hecha desde 2018, apuntó una creciente opinión pública contra la penalización del aborto. A la pregunta «Usted está a favor o en contra de la prisión de mujeres que interrumpen el embarazo», 59,3 por ciento contestó ser contrario en 2023, contra 51,8 por ciento en 2018.
Los que se pronunciaron a favor del encarcelamiento también aumentaron, pero menos, de 26,7 por ciento a 28,1 por ciento, reflejando la polarización ideológica durante el gobierno de Bolsonaro, que hizo caer de 16,1por ciento a 7,6 por ciento a los indecisos, los que respondieron «depende» (de las circunstancias).
Hay «barreras institucionales» al aborto legal, un tema en que el estado deja de ser laico al supeditar sus servicios a la moral religiosa. El caso más emblemático es el de la niña de once años embarazada por segunda vez en el estado nororiental de Piauí, que enfrentó a fines de 2022 la negación del aborto por un hospital público y por la Justicia.
Recogida en un albergue público, tuvo su segundo hijo en marzo de 2023. Es decir, el Estado actuó para alejarla de la familia, negarle el aborto legal que demandaba y forzar el parto, destacó Wardi.
Desconocimiento
Todo eso ocurre en medio a «fallas colectivas» de la misma sociedad, como la insuficiente información sobre los derechos reproductivos y la posibilidad de una elección de las mujeres, especialmente las niñas. No hay elección, si no hay acceso a los servicios de salud, argumentó.
«La criminalización del aborto invalida la legalidad de las tres situaciones. Es necesario informar que sí hay aborto legal en Brasil y formar personal capacitado para ofrecer el servicio, sin necesidad de acción judicial para obtener acceso», apuntó Denise Mascarenha, coordinadora ejecutiva del grupo Católicas por el Derecho de Decidir.
La falla básica está en la formación de los trabajadores en salud, sean médicos, enfermeros o sicólogos que «no reconocen la violencia en un embarazo de niñas con menos de catorce años», presente en el Código Penal desde nada menos que 1940, sostuvo Helena Paro, profesora de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Uberlândia.
Las universidades, adujo, no capacitan los médicos para cuidar las víctimas de violación sexual, pero tampoco seria suficiente una buena enseñanza. Falta la experiencia en la asistencia práctica a las pacientes, con el foco en los derechos humanos de las mujeres, acotó la médica especializada en ginecología y obstetricia.
En Brasil solo hay poco más de sesenta centros de servicios médicos de aborto legal, casi nada para una población de 203 millones de habitantes en que las mujeres constituyen una mayoría de 51,7 por ciento, destacó a IPS desde Uberlândia, una ciudad del sureño estado de Minas Gerais.
Solo cerca de dos mil abortos legales se efectúan cada año en Brasil, donde se estima que más de cuatrocientos mil ilegales se practican anualmente, de lo que resultan muchas muertes y complicaciones posteriores que sobrecargan los hospitales.
Medicina que discrimina a las mujeres
«Este país no cuida a las mujeres. Mientras la cardiología avanzó mucho en Brasil, la medicina dedicada a las mujeres, como la obstétrica y ginecológica, quedó en el siglo pasado, resiste la actualización. Un ejemplo es la persistencia del curetaje, una práctica abolida por la Organización Mundial de Salud (OMS) hace más de veinte años», comentó.
Paro coordina el Núcleo de Atención Integral a las Víctimas de Agresión Sexual de Uberlândia (Nuavidas), establecido en 2017 en el hospital de su universidad. Desde 2021 el núcleo ofrece servicios relacionados al aborto por telemedicina, luego de una consulta inicial presencial.
La pandemia de la COVID-19 motivó la asistencia digital, facilitada también por la eficacia del medicamento abortivo misoprostol, aprobado por la OMS y las autoridades brasileñas del sector.
La actuación de Paro le generó un proceso de inhabilitación en el Consejo Regional de Medicina de Minas Gerais que la acusa de usar sus conocimientos «para el crimen» y no para el bienestar de las pacientes.
«Es todo al revés», contesta la médica, al argüir que cuida la salud de las pacientes «basada en las evidencias científicas» que el Consejo niega.
Los consejos, uno nacional y veintisiete regionales (en cada uno de los estados), regulan la práctica médica en el país y varios de ellos actuaron de forma poco científica durante la pandemia de covid, al aprobar, por ejemplo, el uso de medicamentos ineficaces como la cloroquina.
Una ofensiva conservadora en el legislativo Congreso Nacional amenaza restringir más aún el derecho al aborto en Brasil, a contramano de lo que sucede en Argentina, Colombia, México y Uruguay que despenalizaron la interrupción del embarazo hasta las doce semanas del embarazo.
Un proyecto de ley de 2007, llamado el Estatuto del Feto (nascituro en portugués), renovó su empuje desde el año pasado en la Cámara de Diputados, por iniciativa de diputados ultraconservadores. Su aprobación prohibiría cualquier aborto, por garantizar al feto todos los derechos de un ser humano, especialmente el derecho a la vida, desde su fecundación.
Otras medidas para penalizar legalmente incluso las interrupciones en los restringidos supuestos actualmente permitidos están en discusión parlamentaria.
Para contrarrestar esa ofensiva conservadora, los movimientos brasileños a favor de los derechos de la mujer activaron las campañas por la despenalización «Ni presa ni muerta» y «Niñas, no madres», esta última de ámbito latinoamericano.
Las feministas celebran también el fallo de la jueza Rosa Weber, quien dejó registrado su voto a favor de la despenalización del aborto hasta la doce semana de embarazo, el 22 de septiembre, antes de dejar la presidencia del Supremo Tribunal Federal (STF) y jubilarse diez días después.
En el máximo tribunal del país, que ha ejercido como contrapeso de las iniciativas ultraconservadoras del parlamento y del Ejecutivo de Bolsonaro, se dirime si fallar a favor o en contra de la legalización del aborto en cualquier causal hasta ese plazo de doce semanas.
El voto de Weber coincide con el movimiento feminista al defender «la justicia reproductiva como herramienta para transformaciones sociales», celebró Wardi.
«Es un hito importante en la lucha por el derecho al aborto en Brasil» y afirma «la legitimidad del Poder Judicial en asegurar los derechos humanos de las mujeres», acotó Mascarenha desde São Paulo.
Pero el momento es poco favorable a su tesis, con un Congreso dominado por grupos conservadores y ultraconservadores.
También porque el proceso dentro del STF sobre el derecho al aborto tiende a su postergación indefinida desde que su nuevo presidente, Luis Roberto Barroso, sustituyó a Weber.
