Estamos de acuerdo en que en un régimen de libertades, como se pretende es el de México, en toda iniciativa de ley deben de existir, hablando en términos coloquiales, los estiras y aflojas correspondientes.
En otras palabras, desde luego que se valen todas las discusiones que al respecto se consideren convenientes. No solo eso, también la negociación para en última instancia lograr las mejores opciones siempre en la mira de favorecer a la sociedad en su conjunto; lo que no se vale es esa caterva de cabilderos que se han convertido en una verdadera lacra y a los que solamente les importa el lucro y nada más que eso, ganar dinero sin importarles ni el pueblo, ni el mismo país.
La denuncia periodística en el sentido de que se contrata a empresas extranjeras para cabildear a cambio de pagos millonarios y en dólares, no se debería de permitir.
Estamos en momentos cruciales para que México se ponga a la par con los países más desarrollados en cuanto a la recaudación de impuestos. Nuestro país, de todos los integrantes de la OCDE, se ubica dentro del rubro de los que menos recaudaciones obtienen.
Es obvio, que esta situación va en detrimento del desarrollo de la nación y sobre todo de los marginados.
En forma precisa, ahí está la explicación dolorosa de los más de 52 millones de mexicanos que no viven, sino sobreviven en la pobreza y cuando menos la mitad de ellos en la miseria.
La nueva Ley Hacendaria enviada al Congreso de la Unión por el Presidente Enrique Peña Nieto, prevé acabar con la evasión de impuestos y beneficios absurdos para los que más tienen, además de imponer impuestos a productos que como los refrescos son verdaderas amenazas a la salud.
La campaña, también millonaria, que han emprendido en los medios las compañías refresqueras es de tal magnitud que provoca estupefacción, pues esos recursos deberían destinarse mejor para los apremios sociales que vive esa mayoritaria población.
La firma extranjera denunciada, PricewaterhouseCoopers, PwC, cobra por hora setenta y cinco mil dólares cada vez que se las ingenia para convencer a un legislador y si logra echar abajo un sólo artículo de cualquier iniciativa de Ley, el pago es de un millón de dólares
No nos sorprenda que esta situación pretenda la corrupción de los mismos legisladores, pues resultaría ingenuo pensar que con esas cantidades millonarias, la “repartacha” se haga presente o cuando menos se ofrezca a senadores y diputados.
El Congreso de la Unión tiene la obligación histórica de dar un campanazo para prohibir con un reglamento estricto al interior de mismo, estos cabildeos deshonrosos que llaman y favorecen la corrupción.
