La reforma de la Ley del Juego va a traer cola. Tras la formación del nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, la gestión del juego en España queda en manos del reciente Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón.
Una de las puntas de lanza de Garzón y de la formación morada es crear un nuevo marco legal que imponga una serie de límites a un sector que no ha parado de crecer desde que en 2012 aparecieran las primeras casas de apuestas en línea y casinos online en suelo español.
Desde que en 2011 se promulgase la Ley 13/2011, el juego ha estado regulado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), un organismo dependiente en aquel momento del Ministerio de Hacienda. El juego, como actividad económica, ha contribuido a las arcas del Estado con miles de millones de euros, ya que su creciente éxito ha logrado que una gran parte de la sociedad española juegue con cierta regularidad o, como mínimo, haya jugado en alguna ocasión.
La necesidad de reformar la Ley del Juego
La reforma de la Ley del Juego no es solo una obsesión del nuevo Gobierno. En su día, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya puso la vista en este sector. El mismo Pedro Sánchez mostró su interés, meses antes de ganar las elecciones, en darle un nuevo enfoque al juego.
La mayor preocupación del Gobierno es que el juego pueda llegar a empujar a la ludopatía, sobre todo, en una parte de la sociedad con mayor riesgo de verse afectado: los jóvenes y adolescentes.
En cualquier caso, la DGOJ, que, entre otras funciones, se encarga de regular la actividad y de conceder las licencias -previo cumplimiento de una serie de requisitos- que permiten operar a las empresas, obliga a que las casas de apuestas y de juego fomenten entre los usuarios el juego responsable.
Meses atrás, el defensor del pueblo elaboró una serie de recomendaciones que hizo llegar al Gobierno, entre las que se incluían la limitación horaria de los locales físicos de juego o la prohibición total y absoluta de la publicidad en cualquier medio de comunicación.
El borrador de la ley presentado por el Ministerio de Consumo ha sorprendido a una buena parte de la población, y lo ha hecho para mal, puesto que se esperaba que, tras las continuas declaraciones de Garzón en contra del juego, las medidas introducidas fuesen mucho más estrictas.
El principal punto es limitar la publicidad del juego a la franja horaria de los más trasnochadores: entre la 1:00 y las 5:00 de la mañana. No obstante, y esto es lo que más controversia y suspicacias ha generado, se ha optado por hacer una excepción, y es que las casas de apuestas podrán seguir anunciándose como hasta ahora, pero solo en los partidos de fútbol que arranquen a las 20:00.
Esta medida ha hecho que sean muchas las voces que han salido en contra de la decisión tomada por el Ministerio de Consumo y que acusan abiertamente a Garzón de haber cedido ante los lobbies de presión del juego. El ministro se escuda en la reciente experiencia de las prohibiciones en Italia, donde los resultados de una medida muy restrictiva no han funcionado, e incluso han empeorado el panorama.
