El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha pedido a la Dirección General de Tráfico (DGT) una reforma normativa para corregir el actual vacío legal que permite que las personas que aparcan en las plazas reservadas para personas con movilidad reducidad en espacios de titularidad privada pero de uso público, como son los centros comerciales queden sin ser sancionadas.
En el informe que presentan se analiza desde el punto de vista jurídico la situación creada por una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona que revela que ese vacío legal perjudica gravemente los derechos de las personas con discapacidad y su derecho a usar dichos aparcamientos.
Asimiusmo se pide que se inicien trabajos técnicos de análisis de esa situación problemática y que se elabore una propuesta normativa para que pueda ser aprobada por el próximo gobierno para lo cual se realizan una serie de propuestas de la normativa actual encaminadas a que este tipo de prácticas sean sancionadas por los ayuntamientos, independientemente de que no se lleven a cabo en espacios de titularidad pública.
