Una joven fue detenida tras ser denunciada a la policía por el médico que la atendió en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, ciudad en el norte del país, tras encontrarle rastros de aborto provocado por el medicamento Misotrol, informa Tamara Vidaurrázaga Aránguiz (SEMlac) desde Santiago.
El caso provocó fuertes reacciones, porque evidencia la contradicción frente a la que se encuentra el personal médico, entre la obligatoriedad penal de hacer la denuncia y el cumplimiento de la confidencialidad médica que ha reforzado el Ministerio de Salud, en un contexto donde el aborto es ilegal en todos los casos y enfrenta penas de entre tres y cinco años.
El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, indicó la existencia de «una norma que señala que hay que hacer la denuncia»; sin embargo, el Ministerio de Salud ha instruido que «los profesionales que atienden a la mujer que se ha provocado un aborto no se conviertan en agentes interrogatorios, porque lo único que hacen es disminuir la calidad de la atención».
La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, señaló que el médico violó su juramento de confidencialidad: «se olvidó que era médico y él está para dar salud, no para meter presas a las personas». Agregó que «en un contexto de debate hoy día, donde los galenos van a empezar a hacer denuncias, yo le pediría a la población que se abstenga de acercarse a los médicos, porque corren peligro de caer detenidas».
Por su parte, la presidenta de la Red de Mujeres de El Loa, del norte de Chile, María Robles, señaló en un comunicado que «este tipo de situaciones muestran con claridad la necesidad de avanzar en la Ley de interrupción del embarazo, como un primer paso para asumir una realidad social; no podemos seguir tapando el sol con un dedo, hay muchos casos que las mujeres ocultan, y viven de manera muy solitaria, poniendo en riesgo su vida».
Para el concejal de Calama, Darío Quiroga, la denuncia del médico es condenable «¿Cuál es la señal que estamos dando, cuál es el mensaje que le entregamos a las mujeres de Calama? Que si son algunas de las cientos de mujeres calameñas que cada año interrumpen un embarazo y tienen alguna complicación médica, no vayan al hospital, que mejor se mueran en su cama; es realmente indignante», indicó.
En un comunicado, el Colegio Médico sostuvo que este caso «refleja el dilema que enfrentan a diario los facultativos de nuestro país, al tener que dirimir entre los principios éticos y la ambigua legislación vigente que obliga a denunciar estos casos y, a la vez, resguarda el derecho y privacidad de los pacientes en base al concepto de confidencialidad».
Por su parte, agrupaciones feministas protestaron frente al Ministerio de Salud, exigiendo que el médico sea amonestado por violar el secreto profesional y que se asegure la protección de las mujeres en estos casos.
La joven de 25 años fue retenida en el hospital, pero la Fiscalía no le formalizó cargos, por lo cual quedó en libertad y citada para concurrir a declarar a la Fiscalía, que deberá investigar la denuncia de aborto.
Esta denuncia reavivó la polémica sobre estas prácticas, que en Chile son ilegales en todos los casos desde 1989, cuando la dictadura militar derogó el aborto terapéutico que se practicaba vía aprobación de una junta médica, y era aprobado también en situaciones de precariedad económica.
En enero, la presidenta Michelle Bachellet envió al parlamento un proyecto de ley de aborto por tres causales: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Esa propuesta ha provocado una fuerte polémica entre los sectores derechistas y católicos, que han salido a la palestra al señalar que debe primar la vida del feto por sobre todo lo demás, conmemorando incluso lo que han denominado como «el día del no nacido».
