La agresiva guerra de la administración Obama contra las filtraciones de información, así como otras iniciativas para controlar la información, no tienen precedentes, de acuerdo con 30 experimentados periodistas que trabajan en Washington y que fueron entrevistados para un nuevo informe difundido hoy por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El informe constata que, pese a la promesa de Obama de que lideraría el gobierno más abierto en la historia de Estados Unidos, las políticas de la Casa Blanca han inhibido los contactos entre los periodistas y sus fuentes.
El informe, titulado «El gobierno de Obama y la prensa: Investigaciones sobre filtraciones y vigilancia en Estados Unidos post 11-s«, fue elaborado por Leonard Downie Jr., exeditor ejecutivo del diario The Washington Post y actual titular de la cátedra de Periodismo Familia Weil en la Facultad de Periodismo y Comunicación Walter Cronkite de Arizona State University. Según Downie, los procesos penales iniciados por el gobierno contra sospechosos de filtrar información, en combinación con programas de vigilancia electrónica de amplio alcance, han provocado que los funcionarios gubernamentales estén recelosos de hablar con la prensa.
«El presidente Obama enfrenta innumerables desafíos durante el resto de su presidencia, y el resultado de ellos definirá su legado. Uno de ellos es cumplir su primera promesa: hacer de su administración la más transparente en la historia de Estados Unidos», escribe Downie en el informe: «Su éxito o su fracaso pudieran tener un impacto duradero en la rendición de cuentas de los actos del gobierno estadounidense y en la posición de Estados Unidos como ejemplo internacional de la libertad de prensa».
El informe describe cómo el gobierno ha llevado a cabo más del doble de procesos penales por presuntas filtraciones de información clasificada como confidencial o secreta, en comparación con todos los gobiernos anteriores juntos. Además, analiza el «Programa contra Amenazas Internas», que ordena a los empleados federales vigilar el comportamiento de sus colegas, y revela pormenores del empleo de órdenes judiciales secretas para vigilar las comunicaciones electrónicas de los periodistas. También señala que la Casa Blanca ha llegado a extremos sin precedentes con tal de controlar su mensaje, como por ejemplo manipulando los medios controlados por el gobierno para evitar el escrutinio de la prensa.
En la conclusión de que las actuales políticas del gobierno de EEUU «coartan una discusión libre y abierta necesaria en una democracia», el CPJ emitió una serie de recomendaciones que acompañan el informe. El CPJ hizo un llamado a la administración Obama a «declarar y garantizar que los periodistas no estarán en riesgo jurídico ni serán procesados por recibir información clasificada como confidencial y/o secreta» y a «tener una actitud más comunicativa acerca de la amplitud y la naturaleza de las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional y otras actividades de vigilancia en lo referente a su aplicación a periodistas nacionales e internacionales», entre otras.
Las recomendaciones fueron enviadas al presidente Obama en una carta suscrita por la presidenta de la junta directiva del CPJ, Sandra Mims Rowe, y el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon.
Recomendaciones:
El CPJ manifiesta su inquietud ante un patrón de actos por parte de la administración Obama que han inhibido el flujo de la información en cuestiones de gran interés público, entre ellos asuntos de seguridad nacional. La guerra del gobierno contra las filtraciones de información a la prensa por medio del empleo de citatorios secretos contra los medios, la afirmación por medio de procesos penales de que filtrar documentos clasificados a la prensa es espionaje o ayudar al enemigo; y las crecientes limitaciones sobre el acceso a información que es de interés público, son actos que coartan una discusión libre y abierta necesaria en una democracia.
Por ello, el CPJ emite las siguientes recomendaciones al gobierno:
- Declarar y garantizar que los periodistas no estarán en riesgo jurídico ni serán procesados por recibir información clasificada como confidencial y/o secreta.
- Tener una actitud más comunicativa acerca de la amplitud y la naturaleza de las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional y otras actividades de vigilancia en lo referente a su aplicación a periodistas nacionales e internacionales. Elaborar políticas para limitar la vigilancia de las comunicaciones de los periodistas con el propósito de garantizar la integridad del derecho de un periodista a proteger sus fuentes.
- Implementar directivas modificadas del Departamento de Justicia y prevenir la presentación de órdenes judiciales innecesarias, secretas y/o excesivamente amplias para obtener los registros y otros documentos de los periodistas.
- Poner fin a la práctica de formular cargos por el delito de espionaje contra personas que filtran información clasificada como confidencial o secreta a los periodistas, lo cual podría crear un grave efecto inhibidor y coartar el libre flujo de la información en asuntos de interés público.
- Cumplir las promesas de incrementar la transparencia de las actividades gubernamentales, y poner fin a la intimidación gubernamental de funcionarios que pudieran comunicarse con la prensa. Velar para que las respuestas a la solicitudes en virtud de la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos sean más rápidas y menos restrictivas, y adoptar iniciativas más sistemáticas y abarcadoras para reducir la clasificación excesiva de la información. Alentar a los funcionarios del gobierno a ser abiertos y receptivos a las solicitudes de la prensa.
- Defender la definición más amplia posible de los términos «periodista» o «periodismo» en toda ley federal de protección de las fuentes periodísticas. Toda ley federal de protección de las fuentes periodísticas debe proteger el ejercicio periodístico, y no las credenciales, la experiencia o el estatus profesionales, para que no pueda emplearse como un medio para otorgar una licencia gubernamental de hecho.
