La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valora a la acción ejecutiva en materia de inmigración anunciada el 20 de noviembre de 2014 por el presidente Barack Obama, porque protegerá de la deportación a cerca de cuatro millones personas de las 11,2 millones que se encuentran en situación migratoria irregular en los Estados Unidos.
Una mujer no identificada escucha frente a la Casa Blanca el discurso del presidente Barack Obama en su tableta. Foto: Andes/AFPDado el carácter temporal y parcial de esta medida, la Comisión insta al Congreso de Estados Unidos a adoptar medidas legislativas adicionales en el futuro próximo para regularizar la situación migratoria de estos y otros grupos de personas que se encuentren en los EEUU.
Según el anuncio oficial, esta acción ejecutiva otorgará un aplazamiento de la deportación para los migrantes en situación irregular que llegaron a EEUU antes del 1 de enero del 2010 y han vivido en el país de forma continua durante un período de al menos cinco años; tienen un hijo y/o hija en los EEUU quien, a través de la aplicación del jus soli, es automáticamente ciudadano estadounidense desde su nacimiento o es un residente legal y que nació antes de la fecha de la convocatoria; se registren con el gobierno; pasen una verificación de antecedentes penales y paguen impuestos. Para los padres y madres cuya deportación sea aplazada y cumplan satisfactoriamente con los requisitos, se les concederá un permiso de trabajo de tres años. Esto, en combinación con ley preexistente de inmigración, establece que cuando un ciudadano de los EEUU cumple 21 años, él o ella pueden solicitar la residencia permanente de padres o hermanos.
Además, gracias a esta acción ejecutiva, el grupo de jóvenes que pudiera ser elegibles para la Acción Diferida para la Llegada de Infantes (DACA, por sus siglas en inglés) se ampliaría a 300.000 beneficiarios más a través de la extensión de la fecha límite para la llegada a los EEUU del 15 de junio 2007 al 1 de enero de 2010. Los padres y madres de los niños y niñas que califican para DACA no son incluidos ni tampoco se les otorga ningún tipo de protección en virtud de esta acción ejecutiva, ni tampoco lo son las personas migrantes en situación irregular que llegaron a los EEUU después del 1 de enero del 2010. Según fuentes oficiales, la acción ejecutiva también pide la continuación de un aumento de los recursos a la frontera sur de Estados Unidos, a fin de aumentar las aprehensiones y deportaciones de personas que intentan entrar en el país de manera irregular. Además, establece que las prioridades de control migratorio deben ser enfocadas en cualquier sospechoso de terrorismo, crímenes violentos, pertenencia a pandillas y aquellos que han cruzado la frontera recientemente.
«En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebro este primer e importante paso dado por los Estados Unidos para proteger a millones de padres y madres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales de ser deportados, así como ampliar la cobertura de los jóvenes que calificarían para DACA «, dijo el comisionado Felipe González en respuesta al anuncio.
«A pesar de todas las contribuciones positivas que los migrantes hacen a un país como los Estados Unidos, aquellos que están en situación migratoria irregular tienen que vivir en las sombras. Esto los expone a múltiples y diarias violaciones de sus derechos humanos más básicos. La regularización de los migrantes es la manera más efectiva de reducir su vulnerabilidad y reforzar la protección de los derechos humanos a disposición de otros sectores de la población «, agregó Felipe González, relator de la CIDH sobre los Derechos de los Migrantes y relator de país para los Estados Unidos de América.
Dado que muchos de los migrantes presentes en los EEUU han residido en el país durante años y tienen fuertes lazos familiares allí, la Comisión llama al Congreso de los EEUU a aprobar una reforma integral de su legislación migratoria, la cual permita la regularización de migrantes que se han beneficiado de esta acción ejecutiva, así como otros grupos que deben ser incluidos. Cualquiera de las medidas que sean promulgadas deben tener en cuenta factores tales como las circunstancias en que la persona en situación migratoria irregular ingresó a los Estados Unidos, la duración de su presencia en el país, además de otras consideraciones pertinentes, tales como fuertes lazos familiares o comunales y sus contribuciones a la sociedad. En el marco de esta acción ejecutiva, y en vista de las prioridades en materia de control migratorio, la Comisión también llama a los Estados Unidos a asegurar que las necesidades de protección de cada persona – sin excepción – se analicen de manera individual por autoridades propiamente capacitadas al momento de su llegada o aprehensión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
