Más de nueve mil estudiantes, docentes y académicos sufrieron daños, resultaron heridos o murieron en unos cinco mil ataques contra la educación durante conflictos armados en los últimos dos años, según un informe la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA, en inglés), informa IPS.
«Es fundamental que los gobiernos y los grupos armados cesen los ataques a la educación, y dejen de usar escuelas y universidades con fines militares», expresó Diya Nijhowne, directora ejecutiva de GCPEA, una coalición a la que adhiere la coalición Human Rights Watch, que divulgó el informe este viernes 3 de junio 2022.
La investigación determinó que la cantidad de ataques a la educación y el uso militar de escuelas aumentó en un tercio de 2019 a 2020, y se mantuvo en este nivel elevado en 2021, aun cuando las escuelas y universidades de todo el mundo estuvieron cerradas por largos períodos durante la pandemia por covid.
Aumentaron los ataques sobre profesores, estudiantes e instalaciones por los conflictos en Burkina Faso, Colombia, Etiopía, Malí, Myanmar y Nigeria, surgieron en Azerbaiyán y Mozambique, y disminuyeron en Siria, Sudán del Sur y Yemen.
Los ataques se han intensificado en lo que va de 2022, pues más de mil escuelas y universidades resultaron dañadas en Ucrania desde el 24 de febrero, cuando fuerzas rusas invadieron ese país, según el Ministerio de Educación y Ciencias y organizaciones civiles ucranianas.
Esas embestidas involucran a fuerzas armadas y grupos armados no estatales que atacan con explosivos o incendian escuelas y universidades, y que matan, hieren, violan, secuestran, arrestan arbitrariamente y reclutan a estudiantes y educadores en las instituciones educativas o cerca de ellas en períodos de conflicto armado.
Además de las muertes y lesiones que causan estos ataques, las escuelas destruidas y ocupadas frustran el aprendizaje, a veces de manera permanente, y tienen consecuencias sociales y económicas a largo plazo.
Las armas explosivas, que se utilizaron en una quinta parte de todos los ataques a la educación registrados en el estudio, tuvieron efectos especialmente devastadores e hirieron o mataron a una enorme cantidad de estudiantes y educadores, y dañaron miles de escuelas y universidades.
En Afganistán, los ataques contra escuelas con armas explosivas causaron la muerte o heridas a por lo menos 185 docentes y estudiantes, casi exclusivamente niñas, solo en la primera mitad de 2021.
En Palestina, los ataques aéreos y terrestres provocaron daños a una cuarta parte de las escuelas de la Franja de Gaza durante una escalada de hostilidades que tuvo lugar en mayo de 2021.
En 2020 y 2021, la República Democrática del Congo, Malí y Palestina fueron los países más afectados por los ataques a escuelas, y cada uno experimentó más de cuatrocientas amenazas o instancias concretas de ataques.
El uso militar de escuelas y universidades por fuerzas armadas y grupos armados no estatales se incrementó en más del doble en 2020 y 2021, en comparación con el bienio precedente –en Myanmar, más de doscientos casos-, empleándose las instalaciones educativas como cuarteles, centros de detención o para operaciones militares.
Los ataques dirigidos específicamente contra los estudiantes y educadores también fueron generalizados. En Nigeria, más de mil estudiantes o educadores habrían sido secuestrados, heridos o asesinados, al menos un tercio de ellos mujeres y niñas. Hubo casos también en Burkina Faso, Camerún, Colombia, Palestina y Somalia.
Grupos armados o fuerzas armadas atacaron asimismo escuelas para reclutar a niños y niñas, en Colombia, la República Democrática del Congo, Malí y Yemen, mientras que fuerzas armadas, de seguridad u otros grupos serían responsables de hechos de violencia sexual en escuelas y universidades, por lo menos en siete países.
Profesores, estudiantes y trabajadores de escuelas fueron directamente alcanzados en 320 incidentes registrados, y al menos 550 resultaron muertos o heridos y 1450 fueron detenidos o condenados tras los ataques.
La pandemia no desaceleró los ataques a la educación y algunas violaciones se hicieron más generalizadas en 2020 y 2021.
Nijhowne sostuvo al entregar el informe que «los gobiernos deben investigar los ataques y juzgar a los responsables de abusos. En las campañas de ‘regreso a clases’ que se impulsan tras la covid-19, se debe integrar completamente a los estudiantes afectados por los ataques, y ampliar los programas de educación alternativos».
