El 4 de diciembre de 2014 fue enviado a los e-mails de diferentes colectivos y medios de comunicación alternativos y populares de Colombia un panfleto con amenazas, firmado por el Bloque Capital del grupo paramilitar Águilas Negras, en el que se declara como objetivo militar a 12 de estas organizaciones, así como a 14 periodistas que son mencionados nominalmente, asegurando que son «terroristas guiados por las Farc-eleno política” y advierte que «cesen sus actividades […] en poblados y ciudades con la fachada de la comunicación alternativa y popular”, indicando que «su propaganda será callada a plomo” y dando un plazo hasta el 1º de enero de 2015 para abandonar las ciudades en que desarrollan sus trabajos de comunicación, informa Adital.
En uno de los párrafos del comunicado de los paramilitares se puede leer lo siguiente: «Carlos Alberto Castaño [periodista], no se olvide que tenemos cuentas pendientes. Las próximas fotos que usted publicará son las de sus tres hijos y de su esposa, por manchar el honor de nuestros soldados y policías, después lo mataremos a usted (…)”. Al Canal Capital (TV de la Alcaldía de Bogotá), dirigido por Hollman Morris, el mensaje es claro: «Indivisibles, no es más que la visibilización de colectivos terroristas serviles a las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y al ELN [Ejército de Liberación Nacional], transmitido por Canal Capital, gracias por disponer de su tiempo, pues ya sabemos donde están todos los que apoyan a los ratones comunistas de la ciudad, todos los que vengan a hacer propaganda subversiva, como Hollman Morris, vamos a matarlos uno por uno (…)”.
Ante esta situación, colectivos y los periodistas amenazados divulgaron un manifiesto señalando que el panfleto amenazador es parte de una campaña de persecución contra la prensa independiente, de la que también son parte otras estrategias similares, como la que circuló el 1º de diciembre de este año contra el Canal Capital, la red Telesur y la agencia Reporteros Sin Fronteras; y otra recibida un día después por Nelson Armesto Chávez, director del diario comunitario Patio Bonito al Día, que está llevando este comunicador a pensar en cerrar su medio, según él mismo manifestó.
«Consideramos que todas las intimidaciones que buscan silenciar el trabajo de los periodistas independientes en la defensa de los derechos humanos y su trabajo con las comunidades en todo el país no representan otra cosa que no a la continuación de la política estatal de persecución política contra quien expresa su opinión fuera de lo aceptable para los grandes poderes que dirigen el destino de Colombia, acusando a las organizaciones sociales de aliadas del terrorismo o de ser enemigas del progreso, o de la fuerza pública por el simple hechos de defender sus derechos”, se destaca en el manifiesto.
En ese contexto, el paramilitarismo sería sólo un instrumento más de la política de represión, que articulada con los agentes estatales deja un rastro de millones de víctimas sin que el Estado dé respuestas efectivas para garantizar los derechos humanos en el territorio nacional o manifieste la intención de proteger la libertad de expresión del gran número de periodistas amenazados y perseguidos.
Los comunicadores y medios alternativos amenazados exigen que: la Fiscalía General de la Nación investigue todos los hechos, encuentre a los autores materiales e intelectuales de las amenazas y los procese judicialmente; la Procuraduría General de la Nación investigue la posible participación de agentes estatales y miembros de la fuerza pública en esas amenazas, para que, si son identificadas, sean procesadas disciplinariamente y punidas según la ley; el gobierno nacional tome medidas urgentes para preservar la vida y la integridad de los periodistas amenazados y de sus familias, así como de las garantías necesarias para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa de los comunicadores y medios independientes, de acuerdo con lo que está consagrado en el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además, demandan que: las organizaciones de periodistas y defensoras de la libertad de expresión – Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), acompañen la denuncia y actúen en las instancias del Estado colombiano para proteger la vida, la integridad y los derechos de los periodistas y medios amenazados; y las organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales de Colombia y del mundo se solidaricen con los periodistas y medios amenazados, exigiendo del Estado colombiano el cumplimiento de su deber constitucional de protegerlos y ofrecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus trabajos comunicativos.
