Cuando se estudie la historia de las tres décadas de gobernanza del PSOE en Andalucía habrá un hecho que pesará más que todos posiblemente en su memoria: los delitos de prevaricación y malversación que dieron lugar a duras sentencia contra sus máximos responsables en la Junta de Andalucía.
Forman parte, con los numerosos delitos de corrupción mayor del Partido Popular, de la España bipartidista gestada por una Ley Electoral que favorece y equipara el turnismo de ambas formaciones en el poder con otra época no menos corrupta de nuestra historia: la de la España de la Restauración, analizada con su habitual perspicacia por Paul Preston en su último libro, resumen en cierto modo de los precedentes: Un pueblo traicionado. Corrupción, incompetencia política y división social (Ed. Debate).
No pueden faltar en esta voluminosa obra, que comprende el periodo que va entre 1874 y 2014, las páginas relativas a la segunda restauración, la de 1975, que ha traído consigo los consiguientes casos de corrupción por parte de los partidos hegemónicos.
Como era de esperar nada más conocerse la sentencia de los ERE, y teniendo como tiene la oposición conservadora tanta gana de hincarle el diente al pacto progresista que con suma discreción tejen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el secretario general del Partido Popular ha saltado a la yugular del primero. Se refirió García Egea al «mayor caso de corrupción de Europa», como si Sánchez tuviera responsabilidad en el mismo, cuando por entonces era un simple concejal de su partido en Madrid. Es de recordar en este sentido que como secretario general del PSOE, Sánchez no quiso pagar a los abogados de Chaves y Griñán y los hizo dimitir de sus cargos públicos.
Tuvo la desfachatez García Egea de hacer esta declaración desde la misma sede de su partido, pagada con dinero negro, sin reparar que entre la malversación y la prevaricación de Manuel Chaves, Griñán, o Zarrías y la Gürtel pepera media un hecho diferencial: ninguno de los citados se enriqueció con esa trama corrupta, mientras que con la Gürtel se montó «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública», según el texto de la correspondiente sentencia.
Una vez sabidas las severas condenas por el caso de los ERE y la repercusión mediática con la que han pretendido explotarlas los partidos de la derecha, se comprende -sin que por ello sea justificable- que la sentencia del caso se haya pospuesto y que no haya sido dictada antes de la cita electoral del pasado 10 de noviembre.
No digo yo que de haber sido conocida antes de esa fecha el PSOE no hubiera ganado los comicios, pero si perdió 700 000 votos sin que la sentencia se supiera, es muy posible que el gobierno de coalición progresista que tenemos a la vista no fuera posible porque no dieran los números. Tampoco, posiblemente, uno de derechas.
